7 puntos clave del primer informe de la ONU sobre las mujeres lesbianas, bisexuales y queer

Las mujeres lesbianas, bisexuales y queer, en toda su diversidad, ocuparon un lugar central en las Naciones Unidas. En junio de 2026, durante la 62.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género presentó el primer informe de la ONU dedicado exclusivamente a las formas específicas e interrelacionadas de violencia y discriminación que sufren estas mujeres.

Basado en un número sin precedentes de contribuciones—más de 200—de defensores de los derechos humanos, grupos de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos y Estados de todas las regiones del mundo, el informe señala claramente un problema con graves consecuencias: las mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ) son estructuralmente invisibles en los datos, las políticas, la legislación y en los mismos sistemas que deberían proteger a todas las personas. Sin embargo, el informe también ofrece recomendaciones prácticas sobre cómo los Estados pueden proteger la autonomía de las mujeres y garantizar que puedan ejercer sus derechos y acceder a la justicia.

A continuación, le presentamos siete conclusiones clave del informe.

Sin importar el color de nuestra piel, la fe que nos guía o la comida que disfrutamos en nuestras mesas, la mayoría de nosotres deseamos vivir nuestras vidas según nuestros propios términos. Esto también es cierto para las mujeres lesbianas, bisexuales y queer — para quienes, sin embargo, vivir con autenticidad significa desafiar las normas que las sociedades patriarcales imponen a las mujeres. La violencia que enfrentan las mujeres LBQ en los espacios públicos, los lugares de trabajo, los hogares, los centros de salud y las escuelas constituye un intento particularmente cruel de regular su autonomía, con el objetivo de obligarlas a volver a encajar en un molde que no es el suyo.

Las llamadas prácticas de conversión «correctivas», los matrimonios forzados, el acoso de las fuerzas de seguridad y los abusos del personal médico forman parte del mismo patrón. Y, sin embargo, lo más grave es que casi nada de esto aparece en los datos oficiales.

Los sistemas nacionales de denuncia de delitos rara vez recopilan información sobre la orientación sexual o la identidad de género. Los asesinatos por estos motivos pasan desapercibidos. Y, dado que quienes toman las decisiones solo pueden priorizar lo que se cuenta, la falta de datos se traduce en una ausencia de políticas. La invisibilidad se convierte en la norma. Los responsables políticos pasan por alto la violencia y dejan de buscar soluciones.

Los marcos de derechos de las mujeres han asumido durante mucho tiempo que las experiencias de las mujeres heterosexuales y cisgénero son la norma. Los marcos de derechos de las personas LGBTI se han centrado durante mucho tiempo en la sexualidad, la salud y el reconocimiento de los hombres.

¿El resultado? Las mujeres lesbianas, bisexuales y queer siguen quedando atrapadas en una brecha normativa entre ambos: subrepresentadas en los datos, ignoradas en las políticas, con escaso financiamiento en investigación y incidencia, y mal atendidas por los mismos sistemas diseñados para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos.

Esto influye en todo: desde la atención médica y los procedimientos de asilo hasta las medidas de protección laboral y los servicios contra la violencia de género. El informe lo deja claro: cerrar esta brecha requiere que ambos marcos mejoren su desempeño.

El informe reconoce explícitamente que las identidades LBQ incluyen a las mujeres trans que se identifican como lesbianas, bisexuales y/o queer, y documenta las formas específicas en que estas mujeres sufren discriminación y violencia.

En la mayoría de los casos, la identidad de género agrava la discriminación que sufren las mujeres de diversas orientaciones sexuales. Las mujeres trans LBQ a menudo no pueden acceder a la atención de afirmación de género que necesitan y son blanco de ataques de manera desproporcionada en los espacios públicos y los lugares de trabajo. Las fuerzas de seguridad las detienen habitualmente en función del sexo que se les asignó al nacer, lo que las expone a un mayor riesgo de sufrir violencia durante la detención, y los refugios que operan con criterios de exclusión basados en el sexo las rechazan en momentos de necesidad.

El enfoque inclusivo del informe es una postura meditada: reconoce que la identidad de género y la orientación sexual se entrecruzan de maneras que dan forma a patrones distintos de exclusión, y que cualquier relato sobre la vida de las mujeres LBQ que omitа a las mujeres trans es incompleto.

En muchas partes del mundo, la capacidad de las mujeres para poseer bienes, acceder a la atención médica, obtener vivienda o incluso viajar libremente depende de su relación con un hombre — un esposo, un padre, un tutor masculino —. Esto excluye aún más a las mujeres lesbianas, bisexuales y queer — quienes a menudo viven al margen de estas estructuras, ya sea por elección o por necesidad —, de los sistemas que consideran la presencia de un hombre como el requisito indispensable para el pleno reconocimiento legal y el acceso a los derechos.

El informe documenta lo que esto implica en la práctica. Los arrendadores niegan a las mujeres el alquiler de viviendas si no figura un nombre masculino en el contrato de arrendamiento. Ante la ausencia de un esposo, los gerentes de cooperativas y programas de microfinanzas excluyen a las mujeres de dichos planes, lo que afecta gravemente sus medios de subsistencia. Los médicos niegan a las mujeres tratamientos de fertilidad, ya que no hay una pareja masculina que garantice su consentimiento.

La misma lógica se aplica a la vida familiar. El informe documenta cómo los gobiernos y las instituciones impiden que las mujeres lesbianas, bisexuales y queer sean reconocidas como madres, incluso de les hijes que ya están criando, o que ejerzan sus derechos de sucesión tras la muerte de su pareja, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad económica en momentos de enorme pérdida personal. Estas políticas discriminatorias marcan la diferencia entre que una mujer pueda conservar su hogar, mantener su relación con sus hijes y construir algún tipo de seguridad financiera… o no.

Más allá de ser meros casos aislados, se trata de características discriminatorias recurrentes en sistemas que nunca se diseñaron teniendo en cuenta a las mujeres lesbianas, bisexuales y queer.

A la mayoría de nosotres nos importa profundamente estar presentes para nuestres seres querides en momentos de necesidad, seguir viviendo en un hogar donde floreció nuestra relación, o ser reconocidas como les xadres de nuestres hijes. Sin embargo, decisiones políticas y legislativas deliberadas hacen que todo esto sea imposible para muchas mujeres lesbianas, bisexuales y queer.

El derecho internacional de los derechos humanos vigente ya proporciona a los Estados las herramientas para abordar esta situación.

En su informe, el Experto Independiente en OSIG insta a los gobiernos a hacer cumplir la ley. Esto implica extender el reconocimiento legal a diversas formas de familia, garantizar que los derechos parentales no dependan de una estructura familiar concreta y eliminar las normas en materia de vivienda y herencia que dejan a las mujeres LBQ en situación de vulnerabilidad económica cuando sus relaciones no se reconocen. Nada de esto requiere nuevos tratados. Simplemente requiere voluntad política y que quienes toman las decisiones cumplan con sus compromisos en materia de derechos humanos.

Varias convenciones internacionales de derechos humanos otorgan a los Estados un mandato claro para erradicar la discriminación contra las mujeres. Hoy en día, muchos Estados siguen optando por ignorar las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos.

Es por ello que el caso Flamer-Caldera c. Sri Lanka, en el que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se pronunció en contra de la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, constituyó un hito tan importante: reconoció que las leyes y prácticas que regulan la sexualidad de las mujeres forman parte relevante de sistemas más amplios de desigualdad de género.

Basándose en más de 200 contribuciones de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el Experto Independiente en Orientación Sexual e Identidad de Género identificó medidas concretas y prácticas que pueden mejorar vidas de inmediato —incluso en contextos donde el cambio social general es lento—.

Entre ellas se incluyen eliminar los requisitos de estado civil para acceder a la atención médica y la vivienda, reconocer las diversas formas de familia en el registro civil, asegurar que los refugios atiendan a las sobrevivientes lesbianas, bisexuales y queer en toda su diversidad, y garantizar que las defensoras de los derechos humanos LBQ —quienes a menudo son la primera y, en ocasiones, la única línea de apoyo para las mujeres en sus comunidades— puedan documentar los abusos y denunciar las amenazas sin sufrir represalias ellas mismas.

El informe insta a los Estados a seguir su ejemplo. Asimismo, solicita a los donantes que financien directamente, de manera flexible y sostenible a las organizaciones dirigidas por mujeres lesbianas, bisexuales y queer: solo con los recursos y el apoyo adecuados podrán las defensoras de los derechos humanos seguir construyendo un mundo mejor para todas las personas.