Revisión del 2023: las nuevas leyes que afectan a las comunidades LGBTI en todo el mundo
En síntesis
A medida que se cierra el telón en el tumultuoso escenario mundial de 2023, reflexionamos sobre un año de intensidad sin precedentes marcado por avances monumentales y contratiempos considerables. En esta nota informativa, ILGA Mundo invita a quienes nos leen a embarcarse en un viaje retrospectivo por los panoramas jurídicos que han configurado los derechos de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en 2023. Esta nota se centrará en los desarrollos legales con respecto a la criminalización de actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo.
Criminalización de actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo
La tendencia mundial hacia la descriminalización de los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo continuó en 2023 con la incorporación de dos Estados miembros de la ONU a la lista de países que derogaron sus disposiciones de criminalización. En Singapur, por ejemplo, se observaron avances legislativos, mientras que en Mauricio fue el Tribunal Supremo el que se pronunció a favor de la descriminalización. Como resultado, la cantidad de Estados miembros de la ONU que mantienen disposiciones penalizadoras disminuyó de 65 a 63. Las Islas Cook, territorio afiliado a Nueva Zelanda, también revocaron sus disposiciones sobre sodomía, y un Estado miembro de la ONU (Venezuela) puso fin a la criminalización de los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo dentro de sus fuerzas militares. Además, se supervisaron los esfuerzos por despenalizar en al menos 3 Estados miembros de la ONU (Sri Lanka, Líbano y Namibia).
A pesar de estos avances positivos, se produjo un importante retroceso cuando Uganda se unió a la lista de Estados miembros de la ONU que imponen la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Como se demuestra en la última publicación de ILGA Mundo, «Nuestras identidades bajo arresto», estas disposiciones están lejos de ser inactivas y han sido aplicadas activamente en 2023 para arrestar, enjuiciar y condenar a personas con diversas SOGIE en más de 60 países. Además, ILGA Mundo realizó un seguimiento de numerosas iniciativas legislativas regresivas, debates y deliberaciones, dentro de las regiones de Oriente Medio y África, especialmente en Bahrein, Ghana, Irak, Kenia, Níger y Tanzania. De particular preocupación son los proyectos de ley con alcances expansivos que van más allá de la criminalización de actos sexuales para abarcar la identificación misma como LGBT (Ghana) y otros que proponen penas más severas, incluida la imposición de la pena de muerte (Irak). Así, en 2023, múltiples procedimientos y sentencias judiciales se centraron en la cuestión de la criminalización de los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Lamentablemente, una proporción considerable de estos casos arrojaron resultados desfavorables, y algunos siguen pendientes de resolución.
Libertad de expresión
Los debates jurídicos en torno a la libertad de expresión en relación con la diversidad sexual y de género se han convertido en un campo de batalla fundamental para nuestra búsqueda de la igualdad. A escala mundial, 2023 estuvo marcado por un número considerable de iniciativas regresivas, con una proliferación de proyectos de ley y políticas en diversas regiones. Y aunque hay una notable superposición, estas iniciativas se están extendiendo mucho más allá de las jurisdicciones de criminalización, incluyendo América del Norte y del Sur, así como Europa. Estas medidas se dirigen a un espectro de problemas, como la no conformidad de género, la defensa pública, la regulación de los medios de comunicación, los programas escolares e incluso la simbología del arcoíris. Estas medidas se presentan a menudo como esfuerzos para proteger a los niños de la «depravación» o para salvaguardar los «valores familiares» y combatir la llamada «promoción» de la homosexualidad o la agenda LGBT. Estos argumentos, debates y medidas aplicadas constituyen una dimensión significativa dentro del discurso jurídico contemporáneo, que es muy relevante para nuestro trabajo de incidencia a nivel local e internacional.
A finales de 2023, no menos de 54 Estados miembros de la ONU mantenían barreras legales a la libertad de expresión, explícita o implícitamente relacionadas con asuntos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Si bien hubo casos limitados de acciones legislativas positivas, la tendencia general predominante en 2023 fue la consideración o la implementación efectiva de nuevas barreras formales junto con la aplicación de regulaciones existentes. De manera significativa, se identificaron nuevas normativas e iniciativas coordinadas destinadas a restringir las cuestiones de OSIEGCS en los medios de comunicación en al menos cinco Estados miembros de la ONU. Además, ILGA Mundo documentó nuevos esfuerzos por excluir sistemáticamente los contenidos relativos a la diversidad sexual y de género de los centros educativos y las bibliotecas, ya sea por ley o por política, en al menos nueve Estados miembros de la ONU. Junto consigo, se registraron nuevos casos de autoridades que confiscaron o investigaron artículos con los colores del arcoíris en al menos cinco Estados miembros de la ONU diferentes en 2023, y dichas acciones fueron motivadas por la creencia de que estos objetos se empleaban para «promover la homosexualidad».
Libertad de asociación
El principio fundamental de la libertad de asociación, en particular para las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a abordar cuestiones de diversidad sexual, de género y corporal, se ha enfrentado a restricciones cada vez mayores en los últimos años. Hasta el final del año 2023, no menos de 58 Estados miembros de la ONU han mantenido disposiciones con barreras legales para el registro formal y el funcionamiento efectivo de las organizaciones LGBT.
En 2023, se produjeron dos victorias notables en el avance de la libertad de asociación en Kenia y en Eswatini, aunque se enfrentaron con una resistencia local. Cabe destacar que gran parte de estos avances se lograron a través de litigios ante los tribunales y no por la vía legislativa. De esta forma, la mayoría de los acontecimientos documentados dentro de esta categoría se manifiestan predominantemente como medidas negativas, que limitan o impiden aún más la existencia de un espacio en el que las organizaciones de la sociedad civil puedan trabajar activamente para hacer avanzar la igualdad. Estas medidas se ven agravadas por las restricciones al derecho a la libertad de expresión detalladas anteriormente.
Protección contra la discriminación
ILGA Mundo monitorea sistemáticamente las protecciones legales contra la discriminación relacionada con la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales en dominios específicos: (1) protección constitucional, (2) bienes y servicios, (3) asistencia sanitaria, (4) educación, (5) empleo y (6) vivienda. Ad portas de la conclusión del año 2023, 12 Estados miembros de la ONU ofrecen protección constitucional basada en la «orientación sexual», mientras que 77 países extienden algún tipo de protección contra la discriminación laboral por este motivo. Es importante destacar que las protecciones basadas en la «identidad de género» son comparativamente menos frecuentes, ya que 46 Estados miembros de la ONU ofrecen este tipo de protección laboral. Las protecciones por «expresión de género» y «características sexuales» presentan la prevalencia más baja, con 20 y 18 Estados miembros de la ONU, respectivamente, que ofrecen protección laboral basada en estos motivos.
En al menos siete Estados miembros de la ONU se promulgaron protecciones contra la discriminación, que abarcan diversos ámbitos y abarcan varios motivos: Bulgaria, Cuba, Japón, Moldavia, España, Países Bajos y Colombia (a través de una decisión del Tribunal Constitucional). Así mismo, en seis Estados miembros de la ONU se presentaron proyectos de ley con la intención de ampliar las protecciones contra la discriminación, que podrían aprobarse en 2024. Sin embargo, también se observaron esfuerzos por dar marcha atrás en las protecciones y casos concretos de regresión en algunas jurisdicciones, sobre todo en Georgia, la Comunidad de Madrid (España), el Reino Unido y Estados Unidos.
Leyes sobre delitos de odio
Estas disposiciones establecen delitos penales autónomos dirigidos explícitamente al daño infligido debido a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales de la víctima e introducen medidas legales que otorgan al poder judicial la autoridad para aumentar las penas cuando el delito está motivado por estos atributos. Estos incrementos, conocidos comúnmente como «circunstancias agravantes», pueden aplicarse a delitos específicos como el asesinato y la agresión o extenderse ampliamente para abarcar todos los delitos tipificados en un Código Penal.
En 2023, los avances en esta categoría fueron limitados, ya que sólo un Estado miembro de la ONU se sumó a la lista de países con leyes contra los delitos motivados por el odio (Bulgaria). Cabe destacar que esta incorporación se refería específicamente a los delitos motivados por la «orientación sexual». Además, el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte adoptó una nueva ley sobre delitos motivados por el odio para los delitos motivados por la SOGIE. En la actualidad, al menos dos jurisdicciones (Sudáfrica y Queensland, Australia) están deliberando activamente sobre proyectos de ley destinados a abordar los delitos motivados por el odio.
Discurso de odio / Incitación a la violencia, al odio o a la discriminación
Las leyes que abordan la incitación al odio, la violencia o la discriminación muestran una diversidad significativa tanto en su lenguaje como en su alcance. Algunos estatutos se centran explícitamente en la «incitación al odio» o en el lenguaje que incita directamente a la violencia, mientras que otros emplean un conjunto más amplio de términos, ccomo vilificación, degradación o humillación de grupos sociales específicos, ya sea a través de una legislación general o de estatutos específicos que regulan los servicios de radiodifusión.
Los avances dignos de mención fueron relativamente escasos en esta categoría, y sólo se observaron avances importantes en dos Estados miembros de la ONU (Bulgaria y Brasil), cada uno con ámbitos de protección distintos. De igual forma, dos Estados miembros de la ONU están estudiando actualmente proyectos de ley al respecto.
Regulación de la llamada «terapia de conversión»
El término «terapia de conversión» sirve como término paraguas para cualquier esfuerzo sostenido dirigido a alterar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. Para más información sobre los debates y discusiones legales emergentes, lea el informe de ILGA Mundo «Frenar el engaño».
Ahora bien, resulta alentador que, en 2023, tres Estados miembros de la ONU -Chipre, Islandia y España- promulgaran con éxito legislación para poner coto a estas prácticas no científicas y perjudiciales a nivel nacional, elevando a 13 el total de Estados miembros de la ONU con normativa nacional, un aumento respecto a los 10 registrados en 2022. Además, se instituyeron más normativas a nivel subnacional en Estados Unidos y México, lo que contribuyó aún más a esta trayectoria positiva. La tendencia favorable persistió, y al menos ocho Estados miembros de la ONU debatieron proyectos de ley para regular las «terapias de conversión» durante 2023.
Matrimonio entre personas del mismo sexo y uniones civiles
En 2023 también continuó la tendencia persistente de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y otras formas de uniones civiles, y cuatro Estados miembros de la ONU -Andorra, Estonia, Nepal y Eslovenia- se unieron a la lista de países en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es legal. La incorporación de cuatro naciones a esta lista es relativamente infrecuente, ya que sólo se había producido en 2013 y 2017 antes de este caso. Junto a sí, Bolivia avanzó al permitir las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y los progresos a nivel subnacional continuaron en Japón, con más prefecturas que legalizaron las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
Durante el mismo 2023, ILGA Mundo realizó un seguimiento de los proyectos de ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de las parejas de hecho y las uniones civiles registradas en al menos ocho Estados miembros de la ONU.
Sin embargo, se produjeron acontecimientos menos alentadores en otros cuatro Estados miembros de la ONU -India, Lituania, Panamá y Surinam- en los que se rechazaron las demandas judiciales a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. En particular, Namibia destacó como un caso particular en el que una decisión judicial positiva en la materia desencadenó una importante reacción violenta que, en última instancia, condujo a la introducción y aprobación de proyectos de ley regresivos. Por último, al menos en una jurisdicción, las Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido), la iniciativa de celebrar un referéndum sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo parece estar avanzando.
Adopción por parejas del mismo sexo
Varios estados y jurisdicciones han reconocido el derecho humano de las parejas del mismo sexo a fundar una familia, promulgando leyes que les permiten adoptar niños. Dos miembros de la ONU -Liechtenstein y Estonia-, junto con Taiwán, que no es miembro de la ONU, aprobaron una ley que afirma el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar niños conjuntamente en 2023. Sin embargo, en varios Estados miembros de la ONU se identificaron y supervisaron políticas, proyectos de ley y leyes regresivas relacionadas con la adopción.
Restricciones a las intervenciones en menores intersex
En los últimos años, los debates informados sobre las intervenciones quirúrgicas en menores intersex han acaparado cada vez más atención. No obstante, estas intervenciones médicamente innecesarias y no consentidas siguen siendo legales en la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU de todo el mundo. En 2023, de hecho, España se convirtió en el único nuevo miembro de la ONU que promulgó protecciones a nivel nacional. Así mismo, el Territorio de la Capital Australiana hizo historia al convertirse en la primera jurisdicción subnacional del país en aprobar una legislación que salvaguarda los derechos humanos de las personas intersex y aplaza los procedimientos médicos irreversibles y no urgentes hasta que las personas tengan edad suficiente para tomar sus propias decisiones.
Además, en 2023, se presentaron ante las asambleas legislativas de al menos tres Estados miembros de la ONU proyectos de ley destinados a restringir las intervenciones en menores intersex. Simultáneamente, se siguieron desarrollos legales regresivos en al menos otros tres Estados miembros de la ONU. A finales de 2023, sólo 8 Estados miembros de la ONU contaban con medidas progresistas en esta materia, y otros dos países imponían restricciones en al menos una jurisdicción subnacional.
Reconocimiento legal del género
En 2023, varios Estados miembros de la ONU vieron avances significativos en el reconocimiento legal de género (RLG), garantizando pasos positivos hacia la plena participación de las personas trans y de género diverso en la sociedad. Tres Estados miembros de la ONU -España, Finlandia y Nueva Zelanda- promulgaron leyes que permiten el cambio de marcador de género basado en la autoidentificación. Continuando con esta tendencia positiva, 8 jurisdicciones diferentes también vieron avances en leyes, políticas o decisiones judiciales, eliminando de hecho los requisitos quirúrgicos obligatorios para modificar los marcadores de género en los documentos de identidad. Los intentos legislativos de permitir la LGR basada en la autodeterminación o con requisitos y procedimientos simplificados también fueron objeto de seguimiento en al menos 6 jurisdicciones diferentes.
En contraste con estos avances positivos, varios estados miembros de la ONU han introducido medidas legales para restringir o ilegalizar el reconocimiento legal del género a lo largo del 2023. Así, a finales de año, había al menos 22 Estados miembros de la ONU en los que la LGR se basa en la autodeterminación. En 16 de ellos, la autodeterminación está disponible en todo el país, mientras que en cuatro sólo lo está en algunas jurisdicciones subnacionales. Además, otros dos Estados miembros de la ONU ofrecen la LGR basada en la autodeterminación sólo para los marcadores de género no binarios.
