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Uganda: negar el registro a una ONG vulnera los principios democráticos

La decisión del Tribunal de Apelación de Uganda de negar el registro legal a Sexual Minorities Uganda (SMUG) incumple los principios democráticos consagrados en la Constitución del país y debe seRead morer revocada. Nos solidarizamos con la organización y nos unimos a ella para denunciar esta oportunidad perdida de proteger mejor los derechos de algunas de las poblaciones más vulnerables de la sociedad ugandesa Read less

Ginebra/Londres, 15 de marzo de 2024 – La decisión del Tribunal de Apelación de Uganda de negar el registro legal a Sexual Minorities Uganda (SMUG) incumple los principios democráticos consagrados en la Constitución del país y debe ser revocada, han declarado hoy ILGA Mundo y la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

A pesar de haber trabajado para proteger los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género durante más de veinte años, a Sexual Minorities Uganda se le ha denegado repetidamente el reconocimiento legal: primero en 2012 y luego en 2018, cuando el Tribunal Superior confirmó la decisión inicial de la Oficina de Servicios de Registro de Uganda. Seis años después, en marzo de 2024, el Tribunal de Apelación dio al traste con la esperanza de SMUG de registrarse y ser reconocida como entidad jurídica independiente conforme a la ley.

«Para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones de sexualidad, género y diversidad corporal, el registro les permite servir con mayor eficacia a aquellas partes de las sociedades que los Estados no protegen», afirmaron ILGA Mundo e IPPF. «Sin esta oportunidad, no pueden llevar a cabo sus actividades formalmente ni recibir financiación para su trabajo. En última instancia, esta decisión restringe la libertad de asociación y empuja aún más a las personass que ya son objeto de leyes discriminatorias a los márgenes de la sociedad.»

Una decisión de dirección opuesta a la Constitución de Uganda

«La Constitución de Uganda«, continúan ILGA Mundo e IPPF, «afirma que ‘El Estado se basará en principios democráticos que capaciten y fomenten la participación activa de todos los ciudadanos a todos los niveles en su propio gobierno’. En última instancia, la decisión extremadamente decepcionante de rechazar el registro de SMUG va en la dirección totalmente opuesta. Nos solidarizamos con la organización y nos unimos a ella para denunciar esta oportunidad perdida de proteger mejor los derechos de algunas de las poblaciones más vulnerables de la sociedad ugandesa.»

En Uganda, se prohíbe el registro de aquellas organizaciones cuyos objetivos supuestamente «contravienen las leyes». En enero de 2023, un informe de la Oficina de ONG detalló cómo el organismo investigó y actuó contra varias organizaciones por promover los derechos de las personas LGBTI y recomendó a las autoridades que tomaran medidas más estrictas contra las ONG que «promueven actividades LGBTQI», lo que incluye intensificar la criminalización del activismo. Unos meses más tarde, se promulgó la Ley contra la Homosexualidad, que endurece aún más las medidas también contra las organizaciones declaradas culpables de «promover la homosexualidad».

La ofensiva contra la sociedad civil de Uganda

Estas acciones contra las ONG de derechos humanos LGBTI forman parte de una ofensiva más amplia contra la sociedad civil ugandesa. En noviembre de 2019, el gobierno ugandés clausuró más de 12.000 organizaciones. Dichas acciones han continuado desde entonces, con hasta 54 organizaciones suspendidas en un solo día en agosto de 2021.

«En todo el mundo, actores estatales y no estatales están movilizando a las bases de votantes atacando nuestras identidades y libertades: vemos las mismas tácticas en juego aquí también», concluyen ILGA Mundo e IPPF. «En este momento crítico, los políticos deben centrarse en las cosas que importan -una economía estable y unas comunidades vibrantes- en lugar de atacar a quienes trabajan para apoyar a las partes vulnerables de las sociedades«. Las personas LGBTI y las mujeres y niñas heterosexuales cisgénero son marginadas y excluidas por las políticas, la legislación y las narrativas que despojan de derechos reproductivos y criminalizan la sexualidad y el género. Pero nuestras comunidades permanecen unidas para defender y garantizar los derechos democráticos y económicos para todas las personas».

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Notas para les editores:

ILGA Mundo es una federación mundial de más de 2.000 organizaciones de 170 países y territorios, que aboga por los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales en todo el mundo. https://ilga.org/es

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) es un proveedor mundial de asistencia sanitaria y un destacado defensor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todes. Liderada por un grupo de mujeres valientes y decididas, la IPPF se fundó en 1952 y, en la actualidad, es un movimiento de 150 asociaciones miembros y socios colaboradores con presencia en más de 146 países. https://www.ippf.org/

Contactos para consultas de los medios de comunicación:

ILGA Mundo: Daniele Paletta, gerente de comunicaciones, [email protected]
IPPF: Alice Ackermann, asesora de comunicación, [email protected]

«En todo el mundo, actores estatales y no estatales están movilizando a las bases de votantes atacando nuestras identidades y libertades: vemos las mismas tácticas en juego aquí también. En este momento crítico, los políticos deben centrarse en las cosas que importan -una economía estable y unas comunidades vibrantes- en lugar de atacar a quienes trabajan para apoyar a las partes vulnerables de las sociedades». Las personas LGBTI y las mujeres y niñas heterosexuales cisgénero son marginadas y excluidas por las políticas, la legislación y las narrativas que despojan de derechos reproductivos y criminalizan la sexualidad y el género. Pero nuestras comunidades permanecen unidas para defender y garantizar los derechos democráticos y económicos para todas las personas».