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Uganda: ILGA Mundo e Pan Africa ILGA condenan la decisión del Tribunal de mantener la Ley contra la Homosexualidad

«La decisión de eliminar sólo dos secciones de la ley no es más que fachada», afirmaron las organizaciones

ILGA Mundo e Pan Africa ILGA condenan enérgicamente la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de mantener la brutalmente discriminatoria Ley contra la Homosexualidad, e instan a las autoridades a derogarla en su totalidad.

«No es más que fachada eliminar sólo dos secciones de una ley que, por lo demás, llega al extremo de la homofobia de Estado, hasta el punto de imponer la pena de muerte por actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo», afirmaron Nate Brown y Julia Ehrt, directores ejecutives de Pan Africa ILGA e ILGA Mundo, respectivamente. «Las personas LGBTQ y de género diverso merecen el mismo trato y los mismos derechos ante la ley. Los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanes: sin embargo, al mantener esta ley, Uganda incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos.»

El Tribunal anuló sólo dos secciones y dos subsecciones de la Ley contra la Homosexualidad, que -según se explicaba en la sentencia- había «criminalizado el alquiler de locales para su uso con fines homosexuales, el hecho de que alguien no denuncie los actos de homosexualidad a la policía para que ésta tome las medidas oportunas, y la participación en actos de homosexualidad por parte de alguien que provoque que la otra persona contraiga una enfermedad terminal».

«Bajo el pretexto de defender el derecho a la salud y a la privacidad, la sentencia sigue despreciando los derechos de las personas LGBTQ y de género diverso en Uganda», afirmó Ehrt.

«Instamos encarecidamente a la comunidad internacional a que no caiga en esta trampa y a que se pronuncie con vehemencia hasta que esta legislación sea derogada en su totalidad. No olvidemos lo que sigue implicando la Ley contra la Homosexualidad: la pena de muerte para algunos actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, la prohibición de la libertad de expresión relacionada con los derechos de las personas LGBTQ y la prohibición de las organizaciones de derechos humanos que ‘normalizan’ la diversidad sexual y de género, a las que también se prohíbe recibir financiación», continuó Brown.

Desde la promulgación de la Ley contra la Homosexualidad en mayo del año pasado, casi 600 personas se han enfrentado a violaciones de los derechos humanos y abusos por motivos de su orientación sexual o identidad de género real o percibida. Las personas LGBTQ y de género diverso han sido desalojadas de sus hogares y se han puesto en peligro programas de respuesta al VIH, en medio de una represión más amplia de la sociedad civil ugandesa.

Brown subrayó: «A menos que esta brutal legislación se derogue en su totalidad, la violencia continuará y cientos de personas se verán obligadas sin piedad a esconderse y excluidas de contribuir a la sociedad. Estos no son valores que defienda el pueblo de Uganda. Los políticos y los tribunales deben centrarse en las cosas que importan -garantizar una economía estable y la seguridad de las comunidades – en lugar de atacar a partes del país y hacerlas cada vez más vulnerables.»

«Extendemos nuestra solidaridad a todas las personas LGBTQ y de género diverso de Uganda, así como de otros países criminalizantes, mientras siguen luchando contra estas legislaciones discriminatorias. Esta ley sienta además un peligroso precedente y podría inspirar iniciativas similares en los países vecinos: en lugar de acabar con el legado colonial de criminalización de los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, agrava y solidifica ese legado», añadió Ehrt.

Además de abogar por la derogación inmediata de la Ley contra la Homosexualidad, Pan Africa ILGA e ILGA Mundo reconocen la importancia de apoyar a las organizaciones y activistas ugandeses en sus esfuerzos por promover la igualdad y los derechos humanos.

Esta estrategia debe incluir formas de reducir el impacto de la ley en la comunidad LGBTQ, esfuerzos para comprometerse con las principales partes interesadas, incluidos los funcionarios del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, y priorizar el apoyo a las iniciativas y reformas desde el terreno que defiendan los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.