Mes del Orgullo: nuevos datos y mapas de ILGA Mundo sobre las leyes que afectan a las personas LGBTI en todo el mundo

Mientras varios países de todo el mundo celebran el Mes del Orgullo en junio, ILGA Mundo ha publicado nuevos datos y mapas sobre la situación global de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

Los datos y mapas más recientes de la Base de Datos de ILGA Mundo indican que los Estados y las fuerzas del orden siguen creando barreras que impiden a las personas LGBTI ejercer sus derechos fundamentales.

• 65 Estados miembros de la ONU criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo
  • En 2025, el número total aumentó por primera vez en casi una década
• La pena de muerte es la sanción legalmente prevista para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo en 7 Estados miembros de la ONU. En otros 5, no existe plena certeza jurídica
• Al menos 63 Estados miembros de la ONU cuentan con leyes, normas y reglamentos que limitan la libertad de expresión sobre asuntos de diversidad sexual, de género y corporal
• Al menos 61 Estados miembros de la ONU presentan obstáculos legales para que las organizaciones que defienden abiertamente los derechos de las personas LGBTI puedan registrarse y operar
• 17 Estados miembros de la ONU tienen prohibiciones a nivel nacional sobre las mal llamadas «terapias de conversión»
• El matrimonio igualitario es una realidad en 37 Estados miembros de la ONU y en Taiwán
• 9 Estados miembros de la ONU prohíben las intervenciones médicas no consentidas y no vitales en jóvenes intersex
• 18 miembros de la ONU permiten el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación a nivel nacional.

Hay datos y mapas adicionales (incluidos los relativos a la protección contra la discriminación, la legislación sobre delitos de odio y más) disponibles en la Base de Datos de ILGA Mundo.

Los aspectos negativos

Desde junio de 2025, el número total de países que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo volvió a aumentar por primera vez en casi una década: Burkina Faso introdujo una ley de este tipo por primera vez en su historia, y Trinidad y Tobago revocó su decisión de descriminalización. Además, Senegal endureció sus disposiciones de criminalización, lo que desencadenó una ola de detenciones y violencia en todo el país. Según se informa, el gobierno de Turquía ha estado trabajando en una reforma legal que llevaría a la criminalización de cualquier «conducta contraria al sexo biológico» o cualquier celebración similar al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Más países han optado por limitar los debates sobre la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, y las características sexuales. En China, el gobierno aplicó leyes contra la obscenidad a autores de literatura erótica gay y suprimió plataformas de contenido, y Malasia bloqueó el acceso al sitio web de varias aplicaciones de citas vinculadas a la comunidad LGBTI. El Parlamento de Ghana ha aprobado el llamado proyecto de ley contra la comunidad LGBTQ, apenas unos días antes de la inauguración de una larga conferencia contra los derechos humanos, financiada con fondos extranjeros, en Accra. En Australia, tras un fallo judicial que confirmó que es discriminatorio excluir a una usuaria trans de una aplicación exclusiva para mujeres, la comunidad trans se enfrentó a otra ola de hostilidad tanto por parte de políticos como de internautas. Mientras tanto, se presentó en el Parlamento federal un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que debilitaría las medidas de protección contra la discriminación de las personas trans y de las mujeres.

En El Salvador, el gobierno emitió una orden que prohíbe el «lenguaje inclusivo» en la educación, mientras que las autoridades locales de Brasil promulgaron leyes que prohíben la participación de les jóvenes en las marchas del Orgullo.  En medio de un número sin precedentes de proyectos de ley antitrans que se están considerando en todo el país, Estados Unidos presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes para prohibir el contenido sobre «disforia de género o transgénero» en cualquier actividad dirigida a les niñes, y la Corte Suprema emitió una decisión que obliga a que los nuevos pasaportes muestren el sexo asignado al nacer, en lugar de la identidad de género. Kazajistán y Bielorrusia aprobaron leyes que prohíben compartir información sobre «orientaciones sexuales no tradicionales» y «cambio de sexo», equiparando estos conceptos a la «propaganda». En Rusia, la represión se ha intensificado desde que el Estado declaró al movimiento LGBTI una «organización extremista»: las autoridades llevaron a cabo docenas de redadas contra clubes y presentaron cargos de «extremismo» contra miembros de la comunidad.

Hungría y Eslovaquia aprobaron enmiendas a la Constitución que socavan los derechos de nuestras comunidades, y la primera incluso llegó a prohibir las marchas del Orgullo y a amenazar con arrestos por desobediencia.

El Comité Olímpico Internacional introdujo una política vergonzosa y errónea que restableció las pruebas de sexo para todas las mujeres que desean competir en los Juegos, y prohibió a las atletas trans e intersex competir en la categoría femenina.

En el Reino Unido, tras el fallo de la Corte Suprema sobre las definiciones de sexo y género en virtud de la Ley de Igualdad, el código de prácticas actualizado refleja un enfoque excluyente que afectará negativamente tanto a las personas trans como a las mujeres cisgénero. Portugal presentó varios proyectos de ley que podrían limitar o eliminar las protecciones contra la discriminación por motivos de identidad o expresión de género, y características sexuales. Y la India aprobó una ley que elimina el derecho a la identidad de género autopercibida y la confunde con las características sexuales.

Los aspectos positivos

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó el mandato del experto de la ONU que trabaja de manera explícita para proteger a las personas LGBT y de género diverso contra la violencia y la discriminación. El Consejo de Europa estableció sus primeras normas sobre los derechos humanos de las personas intersex, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe inaugural sobre la discriminación y la violencia contra las personas intersex.

Santa Lucía descriminalizó los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo; la República Dominicana hizo lo mismo para sus fuerzas armadas; y Botsuana eliminó oficialmente las disposiciones remanentes de la era colonial que implicaban la criminalización de los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo —más de seis años después de que los tribunales las anularan por primera vez—, mientras que Cuba aprobó una ley que permite el cambio de marcador de género sin condiciones abusivas.

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los Estados miembros deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros Estados miembros, mientras que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó los intentos de revocar su fallo de 2015 sobre el matrimonio igualitario.

En Hong Kong, un juez reconoció los derechos parentales de una pareja de lesbianas. En Kenia, los tribunales dictaminaron que el Estado debe considerar las solicitudes de cambio de sexo y de marcador de género en los documentos oficiales y ordenaron al gobierno que introdujera legislación de protección para las personas trans —una primicia en el continente—. En Rumanía, un tribunal confirmó la obligación de reconocer la identidad de género registrada en otro Estado miembro de la UE, tras la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Polonia, el Tribunal Supremo Administrativo confirmó que la negativa a inscribir los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero es incompatible con el derecho de la UE.

Miles de personas desafiaron la prohibición del Orgullo de Budapest en un momento histórico para la democracia europea, y Nepal incluyó explícitamente a las minorías de género y sexuales en el nombre y el mandato de un ministerio.