ILGA-Europe acoge sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre incitación al odio en Internet

 

(esta es una declaración emitida por ILGA-Europe,
ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el fracaso de Lituania
para investigar los comentarios de odio en línea contra una pareja gay fue una violación de sus derechos.

Contactos de prensa de ILGA-Europe: media@ilga-europe.org.
La declaración original está disponible en este enlace)

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el hecho de que Lituania no investigara los comentarios de odio en línea contra una pareja gay violó sus derechos a la vida privada y familiar, además de ser discriminatorio por motivos de orientación sexual.

El histórico caso de Beizaras y Levickas contra Lituania se originó después de que uno de los solicitantes publicara una fotografía suya besando a su pareja masculina en su página de Facebook, lo que dio lugar a cientos de comentarios de odio en línea. Algunos se referían a personas LGBT en general, mientras que otros amenazaban personalmente a la pareja. Los solicitantes alegaron que habían sido discriminados por su orientación sexual, debido a que las autoridades públicas se negaron a iniciar una investigación previa al juicio sobre los comentarios de odio dejados en la página de Facebook del primer solicitante. También alegaron que la negativa de las autoridades lituanas a iniciar una investigación previa al juicio les había dejado sin la posibilidad de obtener una reparación legal.

En una sentencia unánime, el Tribunal consideró que se había violado el artículo 14 (prohibición de la discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y el artículo 13 (derecho a un recurso efectivo).

El Tribunal reiteró la obligación positiva de las autoridades, en virtud del artículo 8, de investigar efectivamente si los comentarios relativos a la orientación sexual de los solicitantes constituían una incitación al odio y a la violencia. El Tribunal consideró que el incumplimiento de dicha obligación se debía al "estado mental discriminatorio" de las autoridades. En consecuencia, el Tribunal sostuvo que constituía una violación del artículo 14, considerado conjuntamente con el artículo 8 de la Convención.

El Tribunal consideró que las estadísticas proporcionadas, entre otros, por les terceres intervinientes y el informe de la ECRI demostraban una clara falta de voluntad por parte de las autoridades lituanas de enjuiciar a les autores. Se había denegado a los demandantes un recurso interno efectivo, en violación del artículo 13 del Convenio.

Es importante que el Tribunal reafirme el derecho de las personas a identificarse abiertamente como gays, lesbianas o cualquier otra minoría sexual y la creciente tendencia general a considerar que las relaciones entre parejas del mismo sexo entran dentro del concepto de "vida familiar".

El fallo de la Corte se basó en una intervención de terceros presentada conjuntamente por el Centro AIRE (Asesoramiento sobre los derechos individuales en Europa), ILGA-Europa, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y el Instituto de Vigilancia de los Derechos Humanos (HRMI).

"La sentencia de hoy es cada vez más importante para establecer las obligaciones positivas de los Estados a la hora de abordar el tema de la expresión del odio contra las personas LGBTI en Lituania y en todos los Estados miembros del Consejo de Europa en medio del aumento del odio en varios países", dijo Arpi Avetisyan, Oficial Superior de Litigios de ILGA-Europa.

"El Tribunal fue claro en cuanto a que estos 'llamados indisimulados a atacar la integridad física y mental de las personas requieren protección por parte del derecho penal y las autoridades públicas deben aplicar la ley sin discriminación. Esperamos que esta sentencia se implemente debidamente y con prontitud garantizando la igualdad y la seguridad de la comunidad LGBTI en Lituania".

Robert Wintemute, Profesor de Derecho de los Derechos Humanos en el King's College de Londres (Reino Unido) y co-representante de los solicitantes, dijo: "Estoy muy contento de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya enviado un mensaje tan fuerte a las autoridades nacionales de toda Europa que deben tomarse en serio el discurso de odio contra las personas LGBTI e investigar las quejas, incluso sobre un solo comentario de odio en Facebook, por no hablar de que las personas LGBTI deben ser asesinadas".

Tomas Vytautas Raskevičius, miembro del Consejo Municipal de Vilnius (Lituania) y co-representante de los solicitantes, dijo: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concluido hoy que las autoridades lituanas fracasan sistemáticamente en la respuesta efectiva a los discursos de odio homófobo en Internet. Estoy seguro de que esta sentencia se convertirá en un poderoso punto de entrada para iniciar la conversación con la policía, les fiscales y les jueces lituanes sobre las medidas que debemos adoptar para fomentar la denuncia y abordar eficazmente los delitos contra la comunidad LGBT".

Según Vladimir Simonko, Director Ejecutivo de la Liga Gay Lituana (LGL), este caso plantea cuestiones de considerable importancia pública sobre la naturaleza y el alcance de la obligación positiva de los Estados miembros en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de proteger a las personas de la incitación al odio homófobo y a la violencia.

"Es terrible que el Gobierno lituano cuestione el hecho mismo de que una organización de la sociedad civil pueda tener también un interés legítimo en el resultado del caso de los demandantes, y que por lo tanto cuestione el papel fundamental de las organizaciones no gubernamentales en el desempeño de una función de 'vigilancia pública' en una sociedad pluralista y democrática", dijo Simonko.

Según Livio Zilli, Asesor Jurídico Principal y Representante de las Naciones Unidas en la Comisión Internacional de Juristas (CIJ): "Entre otras cosas, la CIJ acoge con beneplácito la conclusión de la Corte en su fallo de hoy de que, como resultado de sus actitudes discriminatorias hacia la orientación sexual de los demandantes, las autoridades les han negado un recurso interno efectivo en relación con sus denuncias de violación del derecho a la vida privada en virtud de la Convención".

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