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Desde el 15 de agosto, la toma del Palacio Presidencial de Kabul por parte de los Talibanes y el abrupto colapso del gobierno de la República Islámica de Afganistán suscitan preocupación por los derechos humanos y la seguridad de los grupos marginados del país. Además de las personas LGBTIQ y de las personas de diversas OSIEGCS, las mujeres, las minorías religiosas perseguidas, les periodistas y les defensores de los derechos humanos se han visto amenazades, y muches se han escondido por miedo.
Nos preocupan los informes de que los Talibanes ya están aplicando su estricta versión de la sharia, y se ha informado de que muchas mujeres y niñas temen participar en la vida pública y se enfrentan al riesgo de que se les prohíba volver a ir a la escuela y a la universidad. Nos entristece ver que los avances logrados durante décadas por los grupos de mujeres puedan revertirse de forma repentina y desastrosa.
También tememos que las personas LGBTIQ sean aún más criminalizadas y perseguidas, ya que las autoridades de los Talibanes han declarado recientemente que se reinstaurarán las penas de muerte para los hombres homosexuales. Las personas LGBTIQ afganas ya viven con miedo a la violencia y los asesinatos desde hace varios años, y tememos que esta situación se agrave aún más.
En el último informe de ILGA Mundo sobre la Homofobia de Estado (2020), Afganistán figura entre los países para los que no existe una total certeza jurídica de que la pena de muerte sea el castigo establecido para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo (ver aquí). La misma publicación también informa sobre las disposiciones explícitas de criminalización de la "conducta sexual entre personas del mismo sexo" en el artículo 646 del Código Penal de Afganistán de 2017 y su aplicación en los últimos años (ver aquí).
Aunque los Talibanes han anunciado una "amnistía general" en Afganistán y han hecho un llamamiento para que las mujeres se incorporen a su gobierno "de acuerdo con la sharia", es imperativo que cualquier forma de gobierno que se produzca, debe empoderar a las mujeres y a las minorías y basarse en los derechos humanos y en las prácticas basadas en la evidencia. Si los Talibanes quieren incluir a las mujeres, primero tienen que dejar de impedirles el acceso a la vida pública y a la educación y no perpetuar ningún daño contra las mujeres y las minorías.
La crisis de Afganistán es compleja y difícil, pero recordamos a la comunidad internacional que tiene la obligación moral de garantizar que la crisis política se difumine a través de una solución que dé prioridad a la autodeterminación del pueblo afgano, protegiendo al mismo tiempo a las personas vulnerables de los daños y la violencia.