Sábado 17 de octubre: Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans.
Todas las personas tenemos derecho a la salud. Pero cuando se patologiza y se criminaliza a las comunidades, el impacto va más allá del acceso básico a la atención médica. Conduce a una exclusión más amplia de la vida cotidiana, incluida el acceso a una vivienda segura, a la educación y al empleo, lo que tiene un efecto dominó en el bienestar físico y mental en general.
Aunque la Organización Mundial de la Salud despatologizó las identidades trans hace siete años, la mayoría de las personas trans aún no han visto los beneficios de esta decisión pionera.
Si bien la OMS puede emitir directrices, sigue siendo responsabilidad de los gobiernos adoptarlas y aplicarlas. Lamentablemente, tras décadas de activismo a favor de la despatologización, la mayoría de los países siguen rezagados en la implementación de la CIE-11 y su incorporación a los procesos y directrices nacionales.
Hay dos cuestiones fundamentales que se entrecruzan y deben abordarse: el acceso al reconocimiento legal de género y el acceso a la atención médica. La primera es un factor determinante para garantizar el acceso básico a la atención médica.
Los documentos de identidad que coinciden con la identidad de género de una persona son una condición previa para recibir una atención digna, lo cual incide no solo en el acceso a la atención médica, sino también en su calidad, ya que los documentos que no coinciden suelen dar lugar a discriminación y humillación por parte del personal de salud.
Cuando las personas se enfrentan a la discriminación, su respuesta habitual es evitarla para protegerse. Esto es tan cierto para las personas trans como para cualquier otra persona.
En los países donde se criminaliza a las personas trans, esto se convierte en una barrera que impide por completo el acceso a la atención médica.
Por lo tanto, al abordar la despatologización, también debemos considerar qué otras barreras podrían afectar no solo el acceso de una persona a la atención médica, sino también su derecho a la salud y al bienestar en un sentido más amplio.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) define el derecho a la salud de manera que incluye no solo el acceso a una atención médica oportuna y adecuada, sino también los determinantes subyacentes de la salud, entre ellos una vivienda segura, alimentos y agua, un entorno saludable y el acceso a información relacionada con la salud.
Cuando se produce la criminalización de las comunidades o se les niega el reconocimiento legal de su identidad de género, estas terminan enfrentando discriminación no solo en la atención médica, sino también en el empleo, la educación, la vivienda y, en ocasiones, incluso en su capacidad para desplazarse de manera segura y libre en público.
Existe otro aspecto de la despatologización que tiene implicaciones de gran alcance, pero es mucho más difícil de medir: el estigma social que conlleva ser visto a través de un lente patologizante.
Las comunidades trans no son únicas en este sentido, ya que muchas comunidades enfrentan discriminación por motivos similares; sin embargo, lo que sí es exclusivo de las comunidades trans son los ataques coordinados y deliberados contra nuestra propia existencia por parte del movimiento antigénero.
Nunca antes las comunidades trans han tenido tanta visibilidad ni han sido blanco de ataques como lo son ahora.
Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto?
El poder e influencia del movimiento antigénero son un factor crítico en este sentido. Solo podemos contrarrestarlo forjando poder colectivo, uniéndonos contra el odio y organizándonos dentro de las comunidades y entre ellas para impulsar la justicia, la inclusión y la igualdad.
Hay medidas clave que los gobiernos pueden adoptar para avanzar hacia la despatologización:
- Despenalización de las comunidades trans. Una persona criminalizada no puede acceder de forma segura a la atención médica sin arriesgarse a ser arrestada y detenida. En particular, los gobiernos deben trabajar para derogar las leyes de la época colonial que llevan a la criminalización de las comunidades trans
- Acceso al reconocimiento legal de género. Sin documentos de identidad que reflejen la identidad de género de una persona, esta se enfrenta a la discriminación y, en ocasiones, a la denegación rotunda de los servicios de salud. Esto debe garantizarse a todas las personas.
- Prestación de atención médica que afirme el género. La cobertura sanitaria universal debe garantizar una atención médica gratuita en el momento de su uso y accesible para todas las personas. En la atención médica general, esto significa brindar una experiencia que afirme la identidad de género de la persona mediante el uso de su nombre y pronombres correctos, y proporcionar acceso a una atención médica no discriminatoria y equitativa. En la atención médica relacionada con la transición, esto implica brindar acceso tanto a intervenciones quirúrgicas como a no quirúrgicas mediante un modelo de consentimiento informado asequible y accesible.
En la gran mayoría de los países del mundo, el tercer punto parece una quimera sin los dos primeros. Debemos comenzar a considerar todo el ecosistema que influye en la experiencia general de una persona, poniendo su humanidad como consideración primordial y recordándonos que, en el fondo, se trata de una persona que simplemente busca vivir su vida al máximo. ¿No es eso lo que todes queremos?