Home, Asia, Europe, North America, Latin America and Caribbean, Oceania, Artículos, Mapa del sito


ES
Principal / Latino América Y El Caribe / Uruguay / Articles / Uruguay: Una mirada crítica sobre las políticas de Estado sobre Diversidad Sexual
Cargando el mapa ...

Facebook

Uruguay: Una mirada crítica sobre las políticas de Estado sobre Diversidad Sexual

in URUGUAY, 15/06/2011

Si bien en los últimos cinco años ha habido importantes avances legislativos en torno al respeto a la diversidad sexual y la igualdad de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans), no se puede decir lo mismo en cuanto a las políticas de gobierno y de Estado.

Fuente: Ciudadanías x

Por Diego Sempol

Si bien en los últimos cinco años ha habido importantes avances legislativos en torno al respeto a la diversidad sexual y la igualdad de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans), no se puede decir lo mismo en cuanto a las políticas de gobierno y de Estado.


En 2007, Uruguay aprobó una Ley de Unión Concubinaria que reconoce los derechos de las parejas sin importar el sexo o la orientación sexual de los integrantes. Luego vino en setiembre de 2009 la aprobación de la Modificación de Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referente a la adopción, una ley que, entre otras cosas, protege e iguala los derechos de los hijos e hijas de familias LGBT al permitir la adopción conjunta por parte de parejas en unión concubinaria. Finalmente, en la primera semana de octubre de ese año el Senado aprobó, con las modificaciones que introdujo la Cámara de Representantes, la Ley de Derecho a la Identidad de Género, que regula el cambio de nombre y sexo registral para las personas travestis y transexuales. Lamentablemente, se eliminó del proyecto original el derecho de los menores a solicitar el cambio de nombre con carácter provisorio y se introdujo un confuso artículo final que indica que la ley “no modifica el régimen matrimonial vigente regulado por el Código Civil y sus leyes complementarias” y que algunos jurisprudentes ya invocan como prohibición al matrimonio para las personas transexuales, en franca oposición al numeral 3 del Art. 5 que indica que “El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición”.

En contraste con estos avances legislativos, es muy poco lo que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo en materia de políticas públicas. Cuatro medidas pueden destacarse en ese sentido. La primera fue el decreto presidencial del 11 de mayo de 2009 que considera pertinente "eliminar los elementos discriminatorios en función de la elección sexual de los postulantes al ingreso en las Escuelas de Formación de Oficiales del Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya” y consecuentemente establece que la “elección sexual” de los postulantes no será considerada causal de no aptitud y deroga la normativa anterior.

Asimismo, en segundo lugar, en mayo del 2009 el Programa de Salud de la Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública inició, a instancias de la participación de su directora la Dra. Cristina Grela en la Mesa de Trabajo sobre Diversidad Sexual de la Intendencia de Montevideo, el proceso de elaboración participativa del Capítulo Diversidad Sexual de las Guías en Salud Sexual y Reproductiva del MSP. En tercer lugar, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, instrumentó el año pasado, junto al Colectivo Ovejas Negras y Mujer Ahora, un programa de capacitación laboral para 20 chicas/os trans, que fue financiado con fondos de la organización Mama Cash. Y por último, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública resolvieron, luego de realizar talleres de formación para docentes y maestros durante 2007, comenzar a impartir desde 2008 educación sexual en todos los niveles de la enseñanza pública. Este programa no logró nunca implementarse completamente y si bien las organizaciones LGBT exigieron la inclusión de la perspectiva de respeto a la diversidad sexual, los documentos dirigidos a los docentes y difundidos por la Comisión de Educación Sexual no reflejaban la incorporación de esta visión. Además, a mediados del 2010 el Plan perdió su financiamiento y fue subsumido en otro programa avocado a la promoción de la convivencia en los centros educativos, lo que implicó en los hechos su desmantelamiento.


De ahí que en el Informe de Gasto Público en Derechos Humanos adjunto al Informe Uruguay para su Examen Periódico Universal de Derechos Humanos en Ginebra, se afirmara que el gasto público en la protección del derecho a la libre orientación sexual y expresión de género era “indetectable”.

El nombramiento de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación en marzo de 2007, auguraba el advenimiento de políticas y campañas contra la discriminación hacia las personas LGBT, entre otros colectivos discriminados. Sin embargo, a lo largo del período este ámbito, presidido por la Dirección de Derechos Humanos del MEC (Ministerio de Educación y Cultura), ha demostrado tener una casi nula visibilidad pública, no ha propuesto ni impulsado ningún tipo de política pública de respeto a la diversidad sexual ni campañas públicas contra la discriminación. Específicamente frente a repetidos casos de declaraciones discriminatorias, tanto de actores del sistema político como de autoridades de la Iglesia Católica, ni la Comisión Honoraria, ni la Dirección de Derechos Humanos contribuyeron a la judicialización de los casos.

Esta parálisis se volvió especialmente visible ante la flagrante censura de los canales privados 4 y 10 a la campaña televisiva “Un beso es un beso” contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género realizada por el Colectivo Ovejas Negras. En marzo y abril de 2009 el Colectivo Ovejas Negras realizó la campaña de bien público Un beso es un beso, con el fin de difundir las leyes 17.677 y 17.817 contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que constó de un comercial televisivo, tres avisos radiales (donde se alude positivamente a una pareja gay, a una pareja de lesbianas y a una persona travesti) y carteles con besos de tres parejas LGTB que recorrieron Montevideo durante 30 días en 70 autobuses de CUTCSA. La campaña se encuentra reproducida íntegramente en la página en Internet del colectivo, www.ovejasnegras.org.


La campaña fue trasmitida en radio por seis emisoras montevideanas y más de 60 radios del interior del país, y en televisión por Canal 5, Canal 12 y TV Ciudad. La misma generó una cobertura sin precedentes de los medios de comunicación nacionales e internacionales, especialmente porque dos canales de televisión (4 y 10) se negaron a pasar el comercial – aunque el Colectivo Ovejas Negras pretendía comprar el espacio a precios de mercado –, aduciendo que el mismo “no entraba dentro de la estética del canal” y le faltaba “creatividad”, según una directora de Canal 10. En el comercial se veían besos de tres parejas – uno entre hombres, otro entre mujeres y el tercero entre una mujer transexual y un hombre – de día, al aire libre, en lugares típicamente uruguayos como lo son un estadio de fútbol, el Parque Rodó y la rambla de Montevideo. El objetivo era mostrar a personas de la diversidad sexual expresando su afecto en libertad, sin temor, sabiendo que están amparadas por la ley.

Además de la cobertura de cadenas internacionales como AFP, AP, BBC, EFE y Reuters, y de diversos medios latinoamericanos, la censura logró que por primera vez la prensa uruguaya debatiera en profundidad sobre la discriminación que padecen las personas gays, lesbianas, travestis y transexuales en Uruguay. Las principales publicaciones escritas y numerosos programas radiales y televisivos difundieron el tema, y dos de ellos, “Esta boca es mía” (Canal 12) y “Prohibido pensar” (Canal 5), dedicaron la totalidad de su emisión a tratar la discriminación por orientación sexual y la censura de la campaña Un beso es un beso, respectivamente.

La censura generó el 27 de marzo un comunicado mundial y una carta de la organización de derechos humanos Human Rights Watch dirigida a la ministra de Educación y Cultura, María Simón, en la que solicitaba que se investigara si la actitud de los canales había violado la ley vigente en nuestro país. No hubo respuesta oficial a la solicitud de la organización internacional.

Asimismo, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó por unanimidad de sus 11 miembros apoyar la difusión de la campaña, con fecha 31 de marzo. También se recibió el apoyo de Cotidiano Mujer, FUDIS (Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual), FEUU-ASCEEP, CNS Mujeres, MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) y RUDA (Red Uruguaya de Autonomías), organizaciones que, junto con el Colectivo Ovejas Negras, convocaron al acto contra la censura de los canales realizado el 27 de marzo, en la Plaza Libertad de Montevideo.

Ante la situación de censura, el Colectivo Ovejas Negras recurrió a la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura que la preside, en la persona de la Dra. María Elena Martínez, para llevar a cabo un recurso de amparo contra la acción discriminatoria de los canales, pero la demora en expedirse sobre el asunto y la declaración final de incompetencia ante el mismo de parte de la Comisión Honoraria impidió que el caso se judicializara, a pesar del apoyo de organizaciones especializadas en derecho como IELSUR.

Con el triunfo presidencial de José Mujica en 2009 y el cambio de autoridades la situación no mejoró. El actual director de la Dirección de Derechos Humanos, Dr. Javier Miranda, a más de un año y medio de iniciada su gestión, aún no ha nombrado a los nuevos miembros de la Comisión Honoraria, el único ámbito actualmente existente para recepcionar denuncias por discriminación.

Por el momento, más allá del apoyo reiterado desde 2005 a las manifestaciones e iniciativas del movimiento LGBT, como la Marcha por la Diversidad Sexual o el Seminario Académico sobre Diversidad Sexual, podemos decir que no existen aún en Uruguay políticas públicas específicas dirigidas a promover el respeto a la diversidad sexual y garantizar el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género, ni una institucionalidad estatal sólida que las promueva y monitoree.

Sabemos que el avance legislativo es imprescindible pero no suficiente. La ausencia de políticas públicas específicas dirigidas a la comunidad LGTB revela los límites del compromiso del actual gobierno progresista con las transformaciones sociales en estos temas, e incrementan la posibilidad de que las leyes se vuelvan letra muerta.

Sobre el autor

Diego Sempol
Candidato a doctor en Ciencias Sociales (UNGS-IDES).
Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República.
Coordinador del Área Académica Queer Montevideo.
E-mail: sempoluy@yahoo.com

Bookmark and Share