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EL SALVADOR

Relaciones entre varones: Legal
Castigos para las relaciones entre varones: No hay ley
Relaciones entre mujeres: Legal
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Adopción: No
Los gays o las lesbianas pueden prestar servicio en las fuerzas armadas :

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Esto es lo que la gente dice acerca de la vida para las personas LGBTI en EL SALVADOR...
Karla Avealr (Actualmente residente en EL SALVADOR) Publicado para gay lesbiana transgénero bisexual intersexual heterosexual Lectores y lectoras on 21/05/2013 tagged with delitos de odio y violencia +0
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Noticia # 5 Comcavis trans
Asesinato de Tania y pronunciamiento de la PDDH





En mi calidad de defensor del pueblo, y con base en el trabajo que desde mi gestión se ha realizado en función de proteger, promover y educar, sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, -conocidos por las siglas LGBTI-; en el contexto del día internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, considero oportuno pronunciarme ante los recientes asesinatos de personas, que podrían estar relacionados con la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.
Análisis del contexto de discriminación desde el trabajo de la PDDH.
Durante el transcurso de los últimos años esta Procuraduría ha desarrollado un trabajo consecuente para hacer visible las violaciones a derechos humanos que las personas sufren debido a su identidad de género o por su orientación sexual. Para ello, se buscó tutelar sus derechos con la atención de las denuncias que se han presentado ante esta institución; las cuales de forma recurrente se interponen contra instituciones públicas tales como: la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Educación, el Registro Nacional de las Personas Naturales y la Dirección General de Centros Penales, en relación a posibles afectaciones a los derechos: a la igualdad y no discriminación, a la integridad, al acceso a la justicia, educación, estabilidad laboral, identidad, documentación y de las personas privadas de libertad.
Debido a la situación de vulnerabilidad y falta de una actuación efectiva de distintas entidades gubernamentales esta Procuraduría el 17 de mayo del año 2012, constituyó la Mesa Permanente de la PDDH sobre los Derechos Humanos de la población LGBTI, en la cual participan organizaciones sociales que defienden los derechos de dicha población, con el objeto de realizar acciones de coordinación, análisis e incidencia política para el respeto de los derechos humanos [1]. En este sentido, el trabajo se encuentra orientado en tres áreas prioritarias: en promover la aprobación de la legislación adecuada que garantice el ejercicio pleno de los derechos de la población LGBTI, en la búsqueda de apoyos institucionales para la atención, protección, reconocimiento de sus derechos y en la impunidad en los casos de homicidios, agresiones y amenazas; y en favorecer procesos de educación y promoción.
El patrón de violencia basado en la homofobia, lesbofobia y transfobia.
Esta institución de forma reciente ha tenido conocimiento a través de publicaciones de algunos medios de comunicación, y las denuncias públicas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, sobre los homicidios de Edwin Vásquez, conocida por Tania Santos Vázquez, integrante del equipo de trabajo de la organización COMCAVIS Trans; la joven trans identificada como Perla Rivas, de 17 años de edad, asesinada en el municipio de San Luis la Herradura, departamento de La Paz; Adolfo N. conocida como Mónica N., mujer trans comerciante, asesinada en el mes de abril en el municipio de San Marcos; René Emilio Aguirre, asesinado en la playa El Espino, del departamento de Usulután durante la vacación de semana santa; y una mujer trans conocida como Soraya Hernández, asesinada en el caserío El Achotal, del municipio de San Luis Talpa en el departamento de La Paz.
Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos acompaño la denuncia pública realizada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos y que ha tenido poca respuesta de parte de las autoridades competentes, sobre amenazas, agresiones y asesinatos de los que son víctimas las personas LGBTI, en especial la muerte de Tania Vázquez, y demás homicidios que ya fueron denunciados, y exijo que se lleve a cabo una investigación efectiva que conlleve a una sanción para los responsables.
En consonancia con lo anterior, es necesario recordar que la vida, la seguridad pública y la justicia son derechos humanos reconocidos en la Constitución, en las leyes y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por tanto, es responsabilidad ineludible del Estado salvadoreño hacer todo lo necesario para garantizarlos.
Uno de los principales motivos de preocupación ante los casos que se han presentado de torturas, asesinatos y amenazas a la personas por su identidad de género u orientación sexual, son las graves deficiencias en la atención de este tema cuando las organizaciones defensoras de derechos humanos, se hacen presentes a denunciar estos hechos o la poca atención que las denuncias recibieron en las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación de los delitos.
Por ello, considero oportuno retomar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2], ha expresado en este tema:
«La Comisión recuerda que es obligación de los Estados investigar hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten responsables. La Comisión insta a los Estados a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si estos asesinatos fueron cometidos en razón de la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de las víctimas. En general, la Comisión observa que existen problemas en la investigación de estos crímenes. Al respecto, la Comisión reitera que la inefectividad de la respuesta estatal fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la indefensión.»
Hasta el día de hoy estos casos, y los reportados en los años anteriores se encuentran impunes; además , tampoco se tiene constancia que la Fiscalía General de la República haya iniciado en otros casos similares ocurridos en el pasado, líneas de investigación para confirmar o descartar que los homicidios y ataques estaban relacionados directamente a la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.
En consecuencia, ante la gravedad de los hechos descritos y en atención a mi mandato constitucional establecido en el artículo 194, romano I, numerales 1o, 3o y 11o expreso lo siguiente:
a) Reafirmo mi fuerte condena y rechazo a estos crímenes. Además dirijo mis más sentidas condolencias a las familias dolientes, a las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas LGBTI, y de los defensores de derechos humanos en general, por la pérdida de las vidas debido al odio hacia las personas por su identidad de género o por su orientación sexual. Al mismo tiempo les reitero nuestro compromiso institucional de no solo hacer los señalamientos correspondientes si no de continuar acompañando el justo reclamo de justicia para las víctimas.
b) La PDDH se ha pronunciado reiteradamente para que las instituciones a cargo del diseño y la ejecución de las políticas públicas contra la delincuencia, la investigación del delito y el juzgamiento de las personas que los cometen, cumplan con sus atribuciones legales y proporcionen una estricta observancia a su obligación de respetar y garantizar los derechos de la población; sin embargo, la impunidad generada en los crímenes contra la población LGBTI no se ha superado.
c) Hago un firme llamado a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Órgano Judicial como las instancias responsables de la investigación de los delitos, la seguridad pública, así como el juzgamiento de los mismos; en el sentido que investiguen de manera imparcial, integral y efectiva los homicidios y se sancione a los responsables, debiéndose evitar en los procedimientos actitudes discriminatorias y por el contrario debe de respetarse la dignidad de las personas LGBTI. De manera especial estimo que deben abrirse varias líneas de investigación para determinar si fue la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas los motivos de los homicidios.
Finalmente, me comprometo a mantener una supervisión y seguimiento cercano en el proceso de esclarecimiento de estos crímenes; así como también en el impulso de acciones que visibilicen, reconozcan y protejan los derechos de la población LGBTI en El Salvador.
San Salvador, 17 de mayo de 2013.
Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
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Noticia # 5 Comcavis trans
Asesinato de Tania y pronunciamiento de la PDDH





En mi calidad de defensor del pueblo, y con base en el trabajo que desde mi gestión se ha realizado en función de proteger, promover y educar, sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, -conocidos por las siglas LGBTI-; en el contexto del día internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, considero oportuno pronunciarme ante los recientes asesinatos de personas, que podrían estar relacionados con la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.
Análisis del contexto de discriminación desde el trabajo de la PDDH.
Durante el transcurso de los últimos años esta Procuraduría ha desarrollado un trabajo consecuente para hacer visible las violaciones a derechos humanos que las personas sufren debido a su identidad de género o por su orientación sexual. Para ello, se buscó tutelar sus derechos con la atención de las denuncias que se han presentado ante esta institución; las cuales de forma recurrente se interponen contra instituciones públicas tales como: la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Educación, el Registro Nacional de las Personas Naturales y la Dirección General de Centros Penales, en relación a posibles afectaciones a los derechos: a la igualdad y no discriminación, a la integridad, al acceso a la justicia, educación, estabilidad laboral, identidad, documentación y de las personas privadas de libertad.
Debido a la situación de vulnerabilidad y falta de una actuación efectiva de distintas entidades gubernamentales esta Procuraduría el 17 de mayo del año 2012, constituyó la Mesa Permanente de la PDDH sobre los Derechos Humanos de la población LGBTI, en la cual participan organizaciones sociales que defienden los derechos de dicha población, con el objeto de realizar acciones de coordinación, análisis e incidencia política para el respeto de los derechos humanos [1]. En este sentido, el trabajo se encuentra orientado en tres áreas prioritarias: en promover la aprobación de la legislación adecuada que garantice el ejercicio pleno de los derechos de la población LGBTI, en la búsqueda de apoyos institucionales para la atención, protección, reconocimiento de sus derechos y en la impunidad en los casos de homicidios, agresiones y amenazas; y en favorecer procesos de educación y promoción.
El patrón de violencia basado en la homofobia, lesbofobia y transfobia.
Esta institución de forma reciente ha tenido conocimiento a través de publicaciones de algunos medios de comunicación, y las denuncias públicas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, sobre los homicidios de Edwin Vásquez, conocida por Tania Santos Vázquez, integrante del equipo de trabajo de la organización COMCAVIS Trans; la joven trans identificada como Perla Rivas, de 17 años de edad, asesinada en el municipio de San Luis la Herradura, departamento de La Paz; Adolfo N. conocida como Mónica N., mujer trans comerciante, asesinada en el mes de abril en el municipio de San Marcos; René Emilio Aguirre, asesinado en la playa El Espino, del departamento de Usulután durante la vacación de semana santa; y una mujer trans conocida como Soraya Hernández, asesinada en el caserío El Achotal, del municipio de San Luis Talpa en el departamento de La Paz.
Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos acompaño la denuncia pública realizada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos y que ha tenido poca respuesta de parte de las autoridades competentes, sobre amenazas, agresiones y asesinatos de los que son víctimas las personas LGBTI, en especial la muerte de Tania Vázquez, y demás homicidios que ya fueron denunciados, y exijo que se lleve a cabo una investigación efectiva que conlleve a una sanción para los responsables.
En consonancia con lo anterior, es necesario recordar que la vida, la seguridad pública y la justicia son derechos humanos reconocidos en la Constitución, en las leyes y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por tanto, es responsabilidad ineludible del Estado salvadoreño hacer todo lo necesario para garantizarlos.
Uno de los principales motivos de preocupación ante los casos que se han presentado de torturas, asesinatos y amenazas a la personas por su identidad de género u orientación sexual, son las graves deficiencias en la atención de este tema cuando las organizaciones defensoras de derechos humanos, se hacen presentes a denunciar estos hechos o la poca atención que las denuncias recibieron en las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación de los delitos.
Por ello, considero oportuno retomar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2], ha expresado en este tema:
«La Comisión recuerda que es obligación de los Estados investigar hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten responsables. La Comisión insta a los Estados a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si estos asesinatos fueron cometidos en razón de la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de las víctimas. En general, la Comisión observa que existen problemas en la investigación de estos crímenes. Al respecto, la Comisión reitera que la inefectividad de la respuesta estatal fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la indefensión.»
Hasta el día de hoy estos casos, y los reportados en los años anteriores se encuentran impunes; además , tampoco se tiene constancia que la Fiscalía General de la República haya iniciado en otros casos similares ocurridos en el pasado, líneas de investigación para confirmar o descartar que los homicidios y ataques estaban relacionados directamente a la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.
En consecuencia, ante la gravedad de los hechos descritos y en atención a mi mandato constitucional establecido en el artículo 194, romano I, numerales 1o, 3o y 11o expreso lo siguiente:
a) Reafirmo mi fuerte condena y rechazo a estos crímenes. Además dirijo mis más sentidas condolencias a las familias dolientes, a las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas LGBTI, y de los defensores de derechos humanos en general, por la pérdida de las vidas debido al odio hacia las personas por su identidad de género o por su orientación sexual. Al mismo tiempo les reitero nuestro compromiso institucional de no solo hacer los señalamientos correspondientes si no de continuar acompañando el justo reclamo de justicia para las víctimas.
b) La PDDH se ha pronunciado reiteradamente para que las instituciones a cargo del diseño y la ejecución de las políticas públicas contra la delincuencia, la investigación del delito y el juzgamiento de las personas que los cometen, cumplan con sus atribuciones legales y proporcionen una estricta observancia a su obligación de respetar y garantizar los derechos de la población; sin embargo, la impunidad generada en los crímenes contra la población LGBTI no se ha superado.
c) Hago un firme llamado a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Órgano Judicial como las instancias responsables de la investigación de los delitos, la seguridad pública, así como el juzgamiento de los mismos; en el sentido que investiguen de manera imparcial, integral y efectiva los homicidios y se sancione a los responsables, debiéndose evitar en los procedimientos actitudes discriminatorias y por el contrario debe de respetarse la dignidad de las personas LGBTI. De manera especial estimo que deben abrirse varias líneas de investigación para determinar si fue la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas los motivos de los homicidios.
Finalmente, me comprometo a mantener una supervisión y seguimiento cercano en el proceso de esclarecimiento de estos crímenes; así como también en el impulso de acciones que visibilicen, reconozcan y protejan los derechos de la población LGBTI en El Salvador.
San Salvador, 17 de mayo de 2013.
Licenciado Oscar Humberto Luna
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