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ILGA Leandro Fogliatti, ILGA

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Honduras: Comunidad LGBTI lucha contra discriminación y violencia

in HONDURAS, 06/12/2013

Desde enero de 1994 hasta noviembre del 2013, han ocurrido 135 asesinatos de personas de la comunidad LGBTI, según investigaciones de la organización Cattrachas, que para el periodo enero 1994-octubre del 2012 colocaba esta cifra en 107. Diversas organizaciones están preocupadas por la violencia y discriminación contra estas personas, que se han agudizado después del golpe de Estado del 2009, y por el atropello que comete el Estado al no reconocer sus derechos, ni garantizarles acceso a la salud y a tener a una vida digna.

Organizaciones defensoras de la diversidad sexual exigen justicia ante discriminación y crímenes de odio.

“Es difícil tener una preferencia sexual o una identidad de género diferente en este país, es una lucha diaria”, expresó en entrevista con Noticias Aliadas, Indyra Mendoza, de la Organización Lésbica-Feminista Cattrachas en Honduras, país catalogado como uno de los más violentos del mundo y en el que la comunidad LGBTI (Lésbica, Gay, Transexual/Travesti, Bisexual e Intersex) es doblemente vulnerada.

Desde enero de 1994 hasta noviembre del 2013, han ocurrido 135 asesinatos de personas de la comunidad LGBTI, según investigaciones de la organización Cattrachas, que para el periodo enero 1994-octubre del 2012 colocaba esta cifra en 107. Diversas organizaciones están preocupadas por la violencia y discriminación contra estas personas, que se han agudizado después del golpe de Estado del 2009, y por el atropello que comete el Estado al no reconocer sus derechos, ni garantizarles acceso a la salud y a tener a una vida digna.

Claudia Spellman es una persona transgénero que le ha tocado ver cómo muchas de sus compañeras han muerto por falta de atención médica y el estigma de una sociedad que las señala. Según el Colectivo Unión Color Rosa, organización a la que pertenece Spellman, actualmente el 35% de la comunidad trans (transexual y travesti) en Honduras vive con VIH.

“No tenemos una salud integral porque como personas trans necesitamos médicos especialistas que puedan brindarnos el servicio como el uso de las hormonas. Por ejemplo, no hay un endocrinólogo en el servicio de salud pública, y esto indica que nosotros para feminizar nuestro cuerpo debemos acudir a la clandestinidad y esto trae consecuencias”, explicó Spellman a Noticias Aliadas.

 

Comunidad trans, la más afectada

Desde el 2001, el Colectivo Unión Color Rosa lucha por los derechos de las personas trans, que son aquellas que han construido una identidad de género diferente a la que culturalmente se asigna a la de su sexo biológico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que entre las personas trans (transgénero) se incluye a las personas transexuales (que optan por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su apariencia física-biológica a su realidad psíquica, espiritual y social) y a las personas travestis (que expresan su identidad de género —ya sea de manera permanente o transitoria— mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico).

“La discriminación y estigma se ha reducido pero siempre lo hay, por nuestra apariencia. Hace algunos años ni siquiera se nos quería atender, nos estigmatizaban siempre por ser enfermos de VIH entonces algunos médicos no nos atendían, también se daba la burla de los guardias de seguridad, las enfermeras nos llaman con nuestro nombre legal no con el que hemos adoptado socialmente y se dan esas cosas”, cuenta Spellman. La discriminación ha disminuido porque la organización se encarga de formar a sus miembros en la denuncia y ahora hay más precedentes, señala Spellman.

La comunidad trans es la más afectada por la falta de empleo y la violencia. Cattrachas ha contabilizado que de los 135 asesinatos a LGBTI, 64 son de personas trans. Para Mendoza estos asesinatos reflejan una perversidad en los agresores quienes aprovechan la vulnerabilidad de estas personas, especialmente las que se dedican al trabajo sexual, para violarlas y asesinarlas brutalmente.

 

Discriminación es un delito

Honduras aprobó en mayo del 2012 una reforma al artículo 321 del Código Penal que tipifica el delito de discriminación, estableciendo penas de entre tres y cinco años a quien “públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público incitare a la discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia o ataques contra una persona, grupo o asociación, fundaciones, sociedades, corporaciones, organizaciones no gubernamentales”, así como multas de entre 50,000 y 300,000 lempiras (equivalentes a US$2,400 y $14,600).

Aunque las organizaciones y redes LGBTI ven la reforma como un logro, siguen luchando por leyes que les permitan cambiarse el nombre, modificar su identidad legalmente, acceder al matrimonio igualitario y a la justicia en casos de asesinato y discriminación.

Cattrachas preparó el informe referido a la comunidad LGBTI en el 2010 para el Examen Periódico Universal (EPU) —mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examina regularmente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos por parte de los 193 Estados miembros— en el que siete Estados partes dieron recomendaciones a Honduras en lo relativo a orientación sexual e identidad de género. A partir de esas recomendaciones, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República crearon una unidad encargada de investigar las muertes violentas de integrantes de la comunidad LGBTI, esta creación además impulsó a distintas organizaciones y redes a conformar en el 2011 la Mesa de Acceso a la Justicia LGBTI en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, las tres ciudades más importantes de Honduras, instancia que promueve la creación de un marco legal que ayude a la disminución de las muertes por orientación sexual e identidad de género.

“No se ha podido parar la cantidad de muertes porque esa no es la manera de hacerlo, creando estas instancias, pero de los casos presentados (todos los casos desde 1994) ante el Ministerio Público, desde 2008 ya hay 30 judicializados y nueve sentencias. Ya en el acceso a la justicia tenemos problemas porque en Honduras la mirada es heterosexual, como somos ciudadanos de segunda clase constitucionalmente en este país, es decir que no podemos casarnos ni adoptar, desde allí agarran de excusa los políticos para decir que no tenemos derechos”, explicó Mendoza.

El 28 de junio del 2009, fecha del golpe de Estado, fue asesinada Vicky Hernandez, mujer trans. En el 2010 la organización Cattrachas llevó el caso a la CIDH. Sin embargo hasta ahora no se ha dictado una sentencia condenatoria en el caso.

La CIDH condenó en el 2012 el asesinato de Barbarita, otra mujer trans, cuyo cuerpo sin vida, con impactos de arma de fuego en el rostro y la cabeza, fue hallado el 2 de agosto del 2012 en una vía apartada de la colonia San Martín, en San Pedro Sula. En un comunicado la CIDH señaló que “según medios de comunicación, sus familiares informaron que cuatro personas se habrían presentado en su casa el día anterior, dijeron ser agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y se la llevaron, indicando que estaba detenida”.

La CIDH a su vez recordó al Estado que es su obligación “investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten responsables” e instó a las autoridades “a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima”.

En agosto de 2012, cuatro supuestos miembros de la pandilla criminal Mara Salvatrucha en San Pedro Sula fueron detenidos e investigados por este crimen, esto es lo último que se conoce públicamente de este caso.

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