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El estatus del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos

in WORLD, 07/08/2013

Estados Unidos está en desacuerdo respecto a su posición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, varios acontecimientos recientes indican un creciente apoyo a la igualdad legal para personas LGBT. De hecho, el 9 de mayo de 2012, el presidente Barack Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando dijo: "En un momento dado, sólo he llegado a la conclusión de que para mí, personalmente, es importante seguir adelante y afirmar que creo que las parejas del mism

Actualmente, nueve estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo Massachusetts (2004), Connecticut (2008), el Distrito de Columbia (2009), New York (2009), Vermont (2009), New Hampshire (2010 ), Nueva York (2011), Maine (2012), Washington (2012) y Maryland (2013). El Senado de Rhode Island aprobó un proyecto de ley la igualdad de matrimonio en el año 2013, que el gobernador Lincoln Chafee dijo que firmaría. Esto haría al estado de Rhode Island el décimo en EE.UU. en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otros estados han introducido el matrimonio como uniones civiles o parejas registradas - California (1999), Nueva York (2006), Oregon (2008), Colorado (2009), Nevada (2009), New York (2009), Illinois (2011), Rhode Island (2011), y Delaware (2012). Por otra parte, 38 estados prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo en la ley o en la enmienda constitucional estatal.

Casos legales recientes plantean la cuestión de que las prohibiciones contra el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales, basada principalmente en la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la igualdad ante la ley, y la Cláusula de Fe y Crédito Completo de la Constitución, que garantiza que los procedimientos judiciales decididos en un estado se reconocen en otros estados. El estatus legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, sigue siendo polémico.

El debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos comenzó en 1990 cuando el Departamento de Salud de Hawai negó licencias de matrimonio a tres parejas homosexuales. Las parejas demandaron y perdieron en 1991. El caso fue apelado en 1993, cuando la Corte Suprema de Hawai sostuvo que la denegación de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo era inconstitucional y de nuevo en 1996, con la decisión del Tribunal de Distrito que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo viola la cláusula de igual protección del Estado. En 1998, los votantes aprobaron la Enmienda 2 Constitucional de Hawai, lo que permite a la legislatura estatal prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Legislatura de Hawai no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en 1997, pasó la aprobación de una legislación que permite a las parejas del mismo sexo puedan beneficiarse de algunos derechos como el matrimonio. Este caso llevó al presidente Bill Clinton a firmar la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) en 1996, que restringe el uso de "matrimonio" y "esposa" a las uniones legales entre un hombre y una mujer en la ley federal. La sección 3 de esta política impide a parejas del mismo sexo beneficiarse de más de 1110 beneficios matrimoniales federales, incluyendo la posibilidad de presentar los impuestos federales en conjunto, heredar los beneficios del Seguro Social, el patrocinio de visa de inmigración de su pareja, difiriendo los impuestos de propiedad federal en la propiedad de un cónyuge fallecido, y así sucesivamente.

El 27 de marzo de 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó los argumentos sobre la constitucionalidad de la DOMA en Estados Unidos contra Windsor. Edith Windsor, la viuda y albacea de la herencia de su difunto esposo, Thea Clara Spyer, habría evitado 363,000 dólares en impuestos federales si su matrimonio en el 2007 en Toronto, Canadá, que fue reconocido por la ley del estado de Nueva York, hubiera sido reconocido por el gobierno federal. El abogado de Windsor solicitó que se declarara que DOMA es inconstitucional. Cuando se presentó la demanda en 2010, la posición oficial del gobierno era apoyar a DOMA y la restricción del matrimonio a un hombre y una mujer; el bipartidista Grupo Jurídico Consultivo de la Cámara de Representantes presentó una petición para defender DOMA e instó desestimación del caso de Windsor en el año 2011. El Tribunal de Distrito rechazó la moción, al considerar que DOMA es inconstitucional. En total, ocho tribunales federales (incluyendo la Corte de Apelaciones del Primer y Segundo Circuito) han encontrado DOMA inconstitucional. La administración Obama ha decidido no aplicar DOMA, pero esto no resuelve las restricciones legales en DOMA.

El Tribunal no ha dictado su fallo sobre este asunto, pero las declaraciones de los jueces durante los argumentos de marzo sugieren que la Corte podrá encontrar DOMA inconstitucional. Al juez Anthony Kennedy le preocupaba que la aprobación federal invadiera sobre los derechos de los estados para regular el matrimonio y que los más de 1.100 derechos federales de matrimonio significarían que el gobierno federal estaba "interviniendo con la vida diaria de los ciudadanos". Muchos activistas y abogados de derechos homosexuales utilizan el argumento de que leyes como DOMA violan la garantía de igualdad jurídica de las Enmiendas V y XIV ', pero muchos jueces no parecían convencidos por este argumento, en particular el juez Antonin Scalia, cuando dijo: "Tengo curiosidad, ¿Desde cuándo es inconstitucional excluir parejas homosexuales del matrimonio? ¿1791? ¿1868, cuando se aprobó la Enmienda 14? ¿Algún tiempo después de Baker, donde dijimos que ni siquiera llegaría a ser una cuestión federal sustancial? ¿Cuándo la ley se convirtió en esto? ".

El comentario del juez Scalia se refiere a la situación de gays y lesbianas en el sistema legal y el hecho de que los gays y las lesbianas no son una "clase protegida" bajo la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda, que garantiza que las leyes estatales que tratan a las personas de manera similar en similares circunstancias y condiciones. El Tribunal se basa en un enfoque de tres niveles para decidir si un grupo puede tener derecho a esta protección legal de manera más estricta. La mayoría de los desafíos para la constitucionalidad se deciden mediante la "prueba de base racional" - es decir, una política de discriminación es arbitraria o irracional y sirve sin necesidad legítima del Estado. El nivel de base racional de escrutinio se ha utilizado en la mayoría de los casos LGBT traídos a la Corte. Cuando la sodomía homosexual fue despenalizada en Lawrence contra Texas 539 EE.UU. 558 (2003), la jueza Sandra Day O'Connor sostuvo que criminaliza la sodomía homosexual, pero no la sodomía heterosexual, que no pasó la prueba de base racional, ya que hizo la sodomía criminal sólo cuando participan en por los homosexuales, pero no los heterosexuales.

El siguiente nivel formal de la revisión judicial es el control judicial de nivel intermedio. Este nivel de revisión requiere que el estado demuestre que el trato diferenciado según la ley está sustancialmente relacionada con algún interés estatal. El Tribunal examinó el escrutinio intermedio en Romer contra Evans 517 EE.UU. 620 (1996), cuando se derogó una modificación del estado de Colorado que hubiera evitado que la orientación sexual se incluya en la legislación anti-discriminación en Colorado. El Tribunal consideró que esta política no protege un interés legítimo del Estado, ya que fue motivada por el deseo de hacer daño al grupo políticamente impopular.

El nivel más estricto de control judicial, el escrutinio estricto, requiere que el estado demuestre que el tratamiento diferente bajo la ley sirve a un interés estatal necesario y que se utiliza en los casos enque la solicitud es presentada por un grupo protegido. Para ser clasificado como un grupo protegido, el grupo debe cumplir con criterios específicos, como tener "características obvias, inmutables, o distintivas," ser políticamente impotente, y que tenga una historia de discriminación. El tratamiento jurídico diferente por categorías tales como la raza, la religión y el origen nacional están protegidos y casos relacionados con estos grupos están sujetos a un escrutinio estricto. La clasificación de la orientación sexual como categoría protegida ha sido difícil, en parte, porque los gays y las lesbianas no pueden ser percibidos como políticamente impotentes y la evidencia de características inmutables o persistente discriminación no han sido convincentes, según el Tribunal. Cuando la Corte adopte su decisión sobre el asunto de Estados Unidos contra Windsor, podría decidir si los gays y las lesbianas son un grupo protegido. Si es así, el gobierno de EE.UU. tendría que probar la violación de la garantía de la Quinta Enmienda de la igualdad ante la ley para que las parejas del mismo sexo casadas legalmente bajo las leyes de su estado sirve a un interés importante y necesaria para el Estado. Sin embargo, sobre la base de la discusión en los argumentos de marzo, parece más probable que el Tribunal tomará su decisión con la prueba de base racional - es decir, determinar si las parejas del mismo sexo son tratados de manera diferente que las parejas heterosexuales sin ningún interés legítimo del Estado.

El Tribunal escuchó los argumentos en otro caso significativo con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo el 26 de marzo de 2013 en Hollingsworth contra Perry. En este caso, una pareja de lesbianas, Kristin Perry y Sandra Stier, y una pareja gay, Paul Katami y Jeffrey Zarrillo, demandaron a las autoridades del estado de California después de habérsele negado licencias de matrimonio en 2009, sobre la base de que la Proposición 8 de California violaba su Decimocuarta Enmienda de derecho a la igualdad protección de la ley. La Proposición 8 modifica la Constitución de California de forma que "sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido o reconocido por California". Las declaraciones en este caso no proporcionan evidencia clara de cómo va a gobernar la Corte. A diferencia del caso DOMA, que afecta a los derechos otorgados por el gobierno federal, este caso se trata de un asunto a nivel estatal de la definición de matrimonio, ese punto hace que este caso sea problemático porque la regulación del matrimonio ha sido históricamente un derecho del Estado, no es una responsabilidad federal. Justice Kennedy preguntó si "el caso se concedió correctamente" - si la Corte tenía competencia para conocer Hollingsworth en absoluto. Por su parte, Juez Scalia, sin embargo, argumentó que la Corte ya había "cruzado ese río," y que ya habían accedido a escuchar el caso. Si el Tribunal decide que no debe conocer de la causa, el Noveno Circuito sentencia del Tribunal derriba la Proposición 8 como inconstitucional prevalecería, como alternativa, el Tribunal podría revocar la decisión de la Corte de Circuito (si los partidarios de la Proposición 8 no han "cimientos" - es decir, si no mostraban correctamente que su interés jurídico personal había sido violado por vuelco de la Proposición 8). Es probable que la Corte tomará una decisión sobre este caso. Y, sin embargo, si lo hacen, no está claro qué impacto tendrá en el estatus del matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos. La Corte podría reconocer que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio, o podía negar a parejas del mismo sexo el derecho a casarse, o podría decidir que este tema es un problema de nivel estatal.

Sin importar el resultado de estos dos casos ante el Tribunal Supremo, ambos indican una creciente preocupación por el estatus del matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos. Activistas y abogados de ambos lados de esta cuestión argumentan apasionadamente sobre los costos económicos y las consecuencias del matrimonio, el efecto de matrimonio de los padres sobre los niños, la orientación moral hacia la homosexualidad, y más. Pero para las parejas del mismo sexo que buscan el reconocimiento de su relación, no se trata de argumentos simplemente legales o académicos. Ellos se viven experiencias de desigualdad.

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