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Constitucional costarricense entierra referendo sobre uniones homosexuales

in COSTA RICA, 17/08/2010

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica enterró hoy toda posibilidad de someter a referendo un proyecto de ley para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo, al acoger varios recursos de amparo en su contra.

Por mayoría de cinco de siete votos, los magistrados se pronunciaron contra la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de convocar un referendo sobre el tema para el próximo 5 de diciembre, informó el Poder Judicial en un comunicado.

La Sala "consideró que los derechos de las minorías que surgen de reivindicaciones contramayoritarias no pueden ser sometidos a un proceso de referéndum donde se imponen las mayorías", según el documento oficial.

"La Sala estimó que las personas que tienen relaciones con una del mismo sexo son un grupo en desventaja y objeto de discriminación que precisa del apoyo de los poderes públicos para el reconocimiento de sus derechos constitucionales o infraconstitucionales. En resumen, estimó que someter al dictamen de una mayoría derechos de una minoría profundiza y agrava las discriminaciones en su contra", añade.

Los magistrados argumentaron, además, que hay limitaciones legales que impiden someter a consulta "los derechos humanos y fundamentales contenidos en los tratados y convenios del Derecho Internacional Público".

Asimismo, el fallo de la Sala Constitucional anuló la resolución del TSE que autorizó recolectar firmas para llevar a cabo el referendo "y se le ordenó que se abstenga de incurrir, en el futuro, en tales conductas".

La decisión del máximo órgano judicial de Costa Rica fue recibida con júbilo por organizaciones pro derechos homosexuales, que habían sostenido durante todo el proceso que la celebración del referendo sería una violación a los derechos humanos de este grupo.

El proyecto de ley que se pretendía someter a consulta propone la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo con el objetivo de que se reconozcan derechos civiles fundamentales como herencia, seguro social y acceso al crédito, en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales.

El referendo era promovido por la Iglesia católica y grupos evangélicos a través del Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia, que recolectó 150.000 firmas de ciudadanos que apoyaban la iniciativa.

 

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