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anonymous contributorEscrito anónimamente. (Español)

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Cambio de nombre y sexo en México DF, un derecho inalcanzable por alto costo

in MEXICO, 05/03/2010

El cambio de nombre por reasignación de sexo es un proceso legal y administrativo inalcanzable para la mayoría de los solicitantes, quienes deben esperar, al menos, seis meses. Los costos del trámite rondan los 70 mil pesos y el proceso se encuentra a expensas del criterio moral de algunos funcionarios.

Fuente: Diario Digital Transexual

Este derecho, incorporado al Código Civil del Distrito Federal en enero de 2009, se gestó desde la comunidad transexual para combatir la discriminación y concitó el apoyo de defensores de los derechos humanos, sociólogos, antropólogos, médicos, abogados, incluso diputados locales

Entre la comunidad transexual de la ciudad de México existe un lema: “Ya no queremos ser ilegales o mojados en nuestra propia tierra”. Por ello luchan para que se reconozca su nueva identidad jurídica; es decir, que el nombre que eligieron y su nuevo género se inscriba en sus documentos oficiales. No es un capricho, es un derecho, reclaman quienes optan por esa decisión. Hasta enero de 2009, cuando se reformó el Código Civil del Distrito Federal, la anterior identidad se inscribía en el margen del acta de nacimiento original, lo que daba pie a eventuales vejaciones. Para este grupo, el que esto se suprima constituye un logro que, sin embargo, sólo ejercen unos cuantos por su estratosférico costo.

Tener un nombre adecuado a su personalidad, reconoce Roshell Terranova, activista transexual, empresaria y publicista, abre el camino a las chicas trans y a los chicos trans en el sector laboral, porque “las empresas no te contratan y nuestras oportunidades laborales se reducen al show business, la moda, la estética y lo que es hoy por hoy la labor punta: el sexoservicio, al que todos estamos orillados porque tenemos que vivir”.

Hasta 2008, el cambio de nombre y de género en el acta de nacimiento representaba erogar entre 100 mil y 400 mil pesos, una suma inalcanzable para el promedio de esta comunidad. Con la reforma de 2009, los honorarios de abogados expertos en los entretelones del proceso se cotizan entre 8 mil y 40 mil pesos. Se adicionan unos 15 mil pesos por cada uno de los dos dictámenes médicos que exige la norma, más el costo del tratamiento hormonal, de la carta de no antecedentes penales y de la propia acta, además de otros gastos extra. En total son unos 70 mil pesos, cantidad que, una vez más, tampoco está al alcance de la mayoría.

La posibilidad de rectificar el acta de nacimiento se concretó el 13 de enero de 2009 con las modificaciones, adiciones y reformas a los artículos del Código Civil para el Distrito Federal: 134 (que exige que el trámite se haga ante el juez de lo familiar), el 135 fracción II (que prevé la rectificación del nombre por enmienda), así como el 135 bis (que prevé el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica).

Al entrar en vigor esas reformas el 13 de marzo de ese año, fue posible variar “algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona” en el acta de nacimiento. Esto significó, para el litigante Víctor Hugo Flores Ramírez, especializado en este tema, el “reconocimiento jurídico, a nivel institucional en el derecho familiar, de lo que es la transexualidad”.

El antecedente legal de las reformas se remonta a 2005 cuando una persona obtuvo en primera instancia el cambio de nombre y de sexo, pero no logró que se le expidiera una nueva acta. Como las autoridades del Registro Civil escribieron su identidad anterior en el margen de su acta de nacimiento original, el interesado apeló, pero la sentencia le fue confirmada. Por ello, el quejoso –que consideró que esa anotación violaba sus garantías, pues cualquier persona podría conocer su pasada identidad– promovió un amparo directo contra esa confirmación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el recurso y dio la razón al quejoso al ordenar que se le expidiera una nueva acta de nacimiento con los cambios solicitados (en el amparo directo civil 6/2008 relacionado con la facultad de atracción 3/2008-PS). La instancia judicial asentó que el nombre podía rectificarse en el acta de nacimiento no sólo por algún error, sino “cuando existe necesidad de hacerlo”, es decir, cuando se ha usado constantemente otro nombre distinto del que consta en el registro y cuando sólo con la modificación del acta se identifica a esa persona.

Antes de la reforma de 2008, los solicitantes debían exhibir pruebas periciales en sicología, endocrinología, genética, sicología, siquiatría y en sexología, refiere el director del bufete Transexualegal, Víctor Hugo Flores Ramírez. La norma actual les pide que vivan como personas trans un mínimo de dos años y someterse a un tratamiento hormonal y sicológico que será evaluado en dos peritajes: uno médico y otro sicológico.

Para Hazel Gloria Davenport, presidenta de la organización Nación Trans, tal requisito es un candado al logro jurídico de la comunidad trans. Afirma que con esa medida, el derecho a la identidad de personas transgénero quedó en manos de “especialistas privados y de empresarios de la sicología y la sexología”, porque la obtención de ambos peritajes depende de su criterio. Aunque algunos médicos reducen el costo de sus servicios para hacerlos más accesibles, ese aspecto aún depende del criterio individual, declaró Davenport el 19 de octubre de 2009 a NotieSe, al tiempo que propuso eliminar el requisito de los peritajes o que éstos se practiquen en los servicios de salud pública.

De manera paralela, los solicitantes deben mostrar que cumplen con un protocolo sicológico y médico, lo que también representa erogaciones por consultas, administración de hormonas, etcétera.

Por la presión de organizaciones transexuales y solidarias, en enero de 2009 se puso en marcha la Iniciativa Escarlata, por la que la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a través de la Clínica de Especialidades Condesa, apoya con hormonas y tratamiento sicológico a personas transgénero –que mantienen sus órganos y sólo cambian su apariencia física–, y transexuales –que cambian sus órganos sexuales.

Otro requisito para los solicitantes de la rectificación es comprobar que no han procedido de mala fe o fraudulentamente y que sólo persiguen ajustar su nombre a la realidad social, por lo que deben presentar ante la autoridad un comprobante de no antecedentes penales. Frente a este candado, el Estado no garantiza a los ciudadanos que su identidad anterior no será suplantada ni mal utilizados sus datos personales.

Ni Roshell ni Norma se han planteado esa cuestión. Se han limitado a cumplir escrupulosamente con todas las exigencias legales, pero no obtienen ninguna garantía. “Por lo que sé, el acta de nacimiento anterior se resguarda en el Registro Civil por cualquier cosa legal que suceda: un delito; puedan saber quién era yo antes”, dice Roshell.

El significado de esta disparidad jurídica, para Miguel Rábago, radica en la inequidad. Explica que mientras se insista en estigmatizar a quienes ejercen su diversidad sexual, se seguirá diciendo que ellos son quienes harán mal uso de ese cambio. Y como los solicitantes nunca se preguntan qué hace el Estado con los datos personales de su identidad anterior, sugiere revisar si las leyes de acceso a la información pública “aminoran esos riesgos”.



 

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