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México:Coalición Internacional de Defensoras de los Derechos Humanos

in MEXICO, 08/02/2011

Declaración de denuncia sobre el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz y las violaciones cometidas contra defensoras de los derechos humanos que exigen justicia y rendición de cuentas para las víctimas de femicidios en México.

Fuente: Coalición Internacional de Defensoras de los Derechos Humanos

La Coalición Internacional de Defensoras de los Derechos Humanos se suma a la comunidad de activistas en México y en el mundo para denunciar el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, cometido el 16 de diciembre de 2010 frente a la sede del gobierno estatal en la ciudad de Chihuahua, México. Defensora de los derechos humanos, Marisela llevaba una semana protestando en forma pacífica frente a las oficinas del gobernador por la decisión judicial con respecto al asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, cuyos restos quemados y descuartizados fueron encontrados en un cesto de basura en Ciudad Juárez el 18 de junio de 2009, después de haber estado desaparecida durante casi un año.

La cinta grabada por una cámara de seguridad muestra a hombres enmascarados que salen de un automóvil frente a la oficina del gobernador. Uno de ellos parecería haber intercambiado algunas palabras con Marisela, que estaba cumpliendo con su vigilia frente a la oficina. Jorge González, Fiscal Especial del Estado para la Prevención del Delito, declaró que ella intentó huir y corrió para cruzar la calle, pero el hombre –que estaba armado- la persiguió y le disparó en la cabeza. Una ambulancia trasladó a Marisela al hospital, donde falleció minutos después de haber llegado.

Marisela había iniciado una campaña de presión para lograr la condena de Sergio Barraza, principal sospechoso del asesinato de la hija de Marisela, de 17 años de edad. En abril del año pasado, un tribunal compuesto por tres jueces, sobreseyó a Barraza por falta de pruebas. El 17 de diciembre de 2010, luego de una manifestación frente al Departamento de Interior en el Distrito Federal de México, en protesta por el asesinato y el fallo injusto que representó la absolución de Barraza, los tres jueces fueron suspendidos de sus cargos mientras se investiga el asesinato de Marisela.

Luchadora incansable por la justicia para su hija y también una de las líderes de la organización Justicia para Nuestras Hijas, Marisela se había pronunciado muchas veces contra el patrón de femicidios documentado en la ciudad. “Esta lucha no es sólo por mi hija”, dijo a través de un megáfono en una de las marchas. “No permitamos que ninguna mujer joven vuelva a ser asesinada en esta ciudad.” Tanto ella como otras defensoras de los derechos humanos habían estado recibiendo llamadas telefónicas intimidatorias y amenazas por exigir justicia por los asesinatos y secuestros de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Desde hace ya casi dos décadas, una ola de femicidios – una progresión de actos de violencia de género contra las mujeres que van desde el maltrato emocional, psicológico y verbal hasta los golpes, la tortura, la violación, la prostitución, la agresión sexual, el abuso contra las niñas, el infanticidio femenino, la mutilación genital y la violencia doméstica – se ha ido extendiendo desde su origen en Ciudad Juárez hacia todo el estado de Chihuahua, en un contexto más amplio de escalada de violencia en la región cuyos actores son bandas organizadas de criminales, cárteles de droga y las fuerzas de seguridad mexicanas. En su mayoría, se desconocen los nombres de los perpetradores de estos crímenes, que continúan en libertad, y la apatía, corrupción y ineptitud para las investigaciones demostradas por el estado han hecho que la gente desconfíe de los esfuerzos del gobierno para llevar a los perpetradores ante la justicia.

Exhortamos a las autoridades mexicanas a realizar una investigación exhaustiva sobre la muerte de Marisela Escobedo Ortiz; a arrestar al asesino convicto de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo; y a llevar a la justicia a los perpetradores como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos. Habiendo ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en 1981, el gobierno mexicano también tiene la obligación de tomar medidas adecuadas y eficaces para combatir todas las formas de violencia de género, ya se trate de actos públicos o privados; de ofrecer procedimientos judiciales idóneos y efectivos para la presentación de denuncias, así como recursos, incluyendo compensaciones y reparaciones para las víctimas de femicidio y de otras formas de violencia contra las mujeres. En diciembre de 2009, la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos dictó una sentencia contra el estado mexicano por las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, señalando también el hostigamiento y la agresión sistemática contra las familias y las defensoras que exigían justicia para las víctimas y condenando al gobierno por no garantizar su protección, así como por la prevalencia de la impunidad y por la falta de reparaciones otorgadas a las víctimas.

Según la Declaración Internacional sobre Defensores de los Derechos Humanos, el gobierno mexicano es el principal responsable por la seguridad y la protección de todas las defensoras de los derechos humanos que han estado exigiendo justicia en este caso y en todos los casos no resueltos de femicidio en el país. El gobierno mexicano debe garantizar que todos/as los/as defensores/as de los derechos humanos, y particularmente las defensoras de los derechos humanos que están llevando adelante su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos de las mujeres, no sufran la violencia de género en ninguna de sus formas y puedan trabajar sin restricciones o venganzas.
Licencia del artículo: Copyright - Titular de la Licencia de artículo: Coalición Internacional de Defensoras de los Derechos Humanos

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