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anonymous contributorEscrito anónimamente. (Español)

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Nicaragua: “Defender derechos de las mujeres constituye asumir el riesgo de perder la vida o la libertad individual”

in HONDURAS, 06/11/2009

En septiembre pasado activistas del movimiento de mujeres de Nicaragua como así también practicantes de la medicina obstétrica se encadenaron al portón del Palacio de Justicia para demandar que se pronuncien sobre un recurso que allí fue presentado. La Corte Suprema sigue ignorando ese y otros pedidos y no hace más que avalar una sistema que va en contra de los Derechos de las Mujeres. Para hablar sobre cómo se inició este retroceso y cómo está la situación ahora, entrevistamos a Juanita Jimenez del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM).

Por Gabriela De Cicco

 

 

AWID: ¿Cuales fueron las razones que el gobierno de su país esgrimió para anular el artículo 165 del Código Penal de 1893, que establecía el aborto terapéutico como figura legal?

Juanita Jimenez: La no penalización del aborto por razones terapéuticas se estableció como una excepción desde el primer código penal promulgado en Nicaragua en 1837. La Despenalización se mantuvo en los subsiguientes códigos y prevaleció a pesar de los sesgos políticos ideológicos de los gobiernos de turno (conservadores, ultraconservadores, liberales, revolucionarios y fundamentalistas).
La derogación del artículo 165 en Octubre del 2006, es el resultado de un proceso de involución política del partido del FSLN dirigido por Daniel Ortega Saavedra, quien desde el año 2000 estableció acuerdos políticos con el partido liberal de Arnoldo Alemán, con el objetivo de garantizarse la impunidad por los delitos cometidos(abuso sexual el primero y malversación del erario público el segundo), repartirse los poderes del Estado y garantizar el control político mediante la imposición del bipartidismo(FSLN – PLC).

AWID: ¿Esta involución política también está relacionada a alianzas con sectores religiosos fundamentalistas?

Juanita Jimenez: La desideologización del FSLN como partido de izquierda significo además el adoptar en su estrategia electoral una campaña basada en el lema de la reconciliación nacional , lo cual implico que Daniel Ortega se acercará a la cúpula de la jerarquía católica y se reconciliará con su adversario ideológico el Cardenal Miguel Obando y Bravo. Durante su campaña el FSLN se definió oficialmente contra el Aborto, para congraciarse con la conferencia episcopal y de forma sin ningún escrúpulo orientaron a la bancada parlamentaria para derogar el aborto terapéutico para complacer las demandas de la jerarquía católica, en un procedimiento expedito y antes que se aprobara el nuevo código penal donde ya estaba previsto mantener la figura del aborto terapéutico.

Si bien el gobierno del 2006 estaba a cargo del Ingeniero Enrique Bolaños (fundamentalista) y este acompaño ideológicamente las demandas de las jerarquía religiosa, la responsabilidad de la derogación es del partido del FSLN pues sin los votos de ellos en la Asamblea Nacional (Congreso) no hubiese sido posible la misma, puesto que los liberales no contaban con los votos suficientes para derogarlo, además que la idea inicial era en el marco del debate del nuevo código penal y quien ofreció el procedimiento de derogar el arto 165 del código vigente fue el presidente del congreso de filiación sandinista.

Hay que destacar que el FSLN argumentó ante sus partidarios que la derogación obedecía a un táctica electoral para llegar al poder y que después lo restituirían, sin embargo en Septiembre 2007 durante el gobierno de Daniel Ortega en el marco de aprobación del nuevo código penal la bancada de dicho partido volvió a votar contra el aborto terapéutico y lo penalizó totalmente.
El gobierno ha argumentado que el Manual para la atención a complicaciones obstétricas implementado por el Ministerio de Salud es suficiente para asegurar que ninguna mujer se muera por aborto terapéutico, sin embargo el Código Penal es una ley de la República que cuyo rango de aplicación es superior y los médicos han señalado claramente que se sienten amenazados por la penalización total dado que salvar la vida de una mujer que necesita una interrupción del embarazo significa asumir el riesgo de perder su libertad.
 

AWID: ¿Cuáles fueron las reacciones y movilizaciones del movimiento de mujeres al respecto? y ¿cómo está ahora la situación?

Juanita Jimenez: El movimiento de mujeres durante el proceso de debate del nuevo código penal iniciado desde 1999 se organizó para garantizar que los avances alcanzados en materia de los derechos de las mujeres no retrocedieran, esto implicó muchas acciones de incidencia política en el ámbito del proceso de formación de la ley y con acciones de presión política con la movilización permanente. Nos preparamos para participar en el proceso de consulta del nuevo código, organizamos foros debates con diputados en las diferentes legislaturas, definimos equipos jurídicos para incidir directamente a la redacción del articulado relacionado a los delitos derivados de las violencia contra las mujeres, los delitos contra la libertad sexual, integridad física y psicológica de las mujeres, los delitos contra los derechos de familia, mantener la despenalización del aborto terapéutico y todos aquellos delitos que garantizaran sanciones a la violación de derechos de las mujeres. Logramos que el primer dictamen del código penal que fue aprobado en lo general en el año 2000, mantuviera el aborto terapéutico y los avances alcanzados en materia de sanciones a la violencia contra las mujeres.

Sin embargo fue en el debate en lo particular fue objeto de mucha manipulación y se impuso el sesgo de las componendas políticas dado que entró en vigencia el pacto entre los caudillos Ortega y Alemán, lo cual rompe la institucionalidad del país y acomodan el derecho y los poderes públicos a sus intereses personales.

De cara a la manipulación y el oportunismo político logramos en el 2006 que la única fuerza progresista que competía en la contienda electoral y que era conducida por la disidencia del sandinismo (Movimiento Renovador Sandinista) asumiera la defensa del aborto terapéutico y de forma conjunta se logro generar un debate público muy importante que permitió que la ciudadanía debatiera sin prejuicios esta problemática a pesar de los resultado negativos por la derogación.

De cara a la derogación del arto 165 y posterior penalización total del aborto en el código penal nuevo, hemos hecho uso de los recursos jurídicos establecidos en la ley nacional e internacional. Promovimos la presentación de recursos por inconstitucionalidad ante la derogación primer y posteriormente ante la penalización, presentamos ante los diferentes órganos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas los argumentos del retroceso y violación de los diferentes pactos, tratados y convenciones internacionales suscritas por el Estado de Nicaragua.
El movimiento ha desarrollado nacional e internacionalmente acciones movilizativas en repudio a la penalización. Actualmente hemos logrado documentar mediante un informe elaborado por Amnistía Internacional el impacto ocasionado por la penalización, tanto en lo relativo a la perdida de vida de las mujeres como el obstáculo al ejercicio profesional de los médicos, así como las represalias que enfrentamos las organizaciones y activistas del movimiento de mujeres.

Todo hace indicar que a pesar del repudio internacional el gobierno no tiene ninguna voluntad política para revertir esta situación, por el contrario hay una actitud dolosa de los funcionarios públicos de salud que están ocultando a cualquier costa las cifrar reales de mortalidad materna relacionadas con el no acceso a un aborto terapéutico.
 

AWID: ¿Cuál es el panoarama de la salud de las mujeres en este momento en su país?
 

J. J.: El reporte de Amnistía Internacional (Julio 2009) señala qua a pesar del ocultamiento de cifras oficiales de mortalidad materna, los datos son los siguientes:
Entre 1999 y 2005: 7,099 mujeres y niñas en promedio, cada año, sufrieron complicaciones en el embarazo, en comparación a 20 durante el mismo periodo en 2008.
En las primeras 19 semanas del 2009: 33 mujeres y niñas murieron como consecuencia de complicaciones en el embarazo, en comparación a 20 durante el mismo periodo 2008.
El 16 % de las muertes maternas fueron resultado de abortos inseguros, en comparación al mismo periodo en 2008 cuando no hubo muertes maternas por abortos inseguros.
De acuerdo a información de los medios de comunicación en 2007 y 2008: 1,247 niñas fueron víctimas de violación y/o incesto. 16% de ellas resultaros embarazadas. 87% de las víctimas que resultaron embarazadas por violación y /o incesto eran niñas de entre 10 y 14 años.
 

AWID: ¿Qué hay de nuevo sobre las 9 Defensoras de DD.HH de las mujeres acusadas por apología del delito?

J. J.: Para las defensoras de derechos humanos y particularmente para la líderes del Movimiento de Mujeres todavía sigue abierta esa denuncia contra 9 defensoras por apología del delito de aborto y haber apoyado la interrupción del embarazo de una niña de 9 años cuya historia fue conocida nacional e internacionalmente (“caso Rosita”). Esta situación evidencia claramente la intencionalidad política del gobierno y las instituciones públicas por mantenernos bajo persecución política a las feministas en nuestro país, defender derechos de las mujeres constituye asumir el riesgo de perder la vida o la libertad individual.

Ver más información:
http://www.movimientoautonomodemujeres.org/derechos.php
Contacto Juanita Jimenez

Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM)
Residencial Los Robles Casa No. 55
Hotel Colón 1 1/2 cuadra al Este(arriba) - Managua, Nicaragua
Tel: (505) - 22772436
Sitio web

Fuente: AWID

Licencia del artículo: Copyright - Titular de la Licencia de artículo: AWID

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