El 1 de enero de 2018, Victor Madrigal-Borloz comenzó su mandato como Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la Protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
En mayo de 2017, junto con Fanny Gómez-Lugo, contribuyó a nuestro informe sobre Homofobia de Estado, brindando información sobre los avances y retrocesos recientes para las personas LGB en las Américas.
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imagen de apertura: detalle del mapa general de ILGA - leyes sobre orientación sexual en el mundo (mayo 2017)

En el 2016, se registraron numerosos avances en varios países de la región relacionados con los derechos humanos de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). El presente artículo versa únicamente sobre los derechos de personas lesbianas, gay y bisexuales (LGB), respecto de los cuales, durante 2016, se consolidaron significativos avances en el continente. Asimismo, el artículo se concentra en las medidas de reconocimiento y protección contra la discriminación.

Una mirada más detallada revelaría avances en otras áreas como salud, asilo y trabajo como la guía dirigida a profesionales de la salud en Uruguay, las políticas de otorgamiento de asilo en Canadá y Uruguay y acciones de política pública en materia laboral en El Salvador. Sin embargo, a pesar de estos avances, ha aumentado la brecha existente entre los Estados de la región en los niveles de reconocimiento de los derechos de personas LGB. Aún en los Estados en que se registraron avances determinantes, sectores o líderes contra-derechos generan riesgos de regresión.

 

AVANCES: NIVEL REGIONAL

 

OEA Y OTRAS INICIATIVAS PLURI-ESTATALES

En la Organización de Estados Americanos (OEA) se insertaron compromisos sobre orientación sexual e identidad y expresión de género en la resolución ómnibus adoptada por la 46º Asamblea General (AG/RES. 2887 XLVI-O/16) y, en particular, lenguaje relacionado con orientación sexual e identidad de género en la sección de dicha resolución relacionada con tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el Consejo Permanente conmemoró en su agenda de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay conformaron el Grupo de Apoyo a Derechos de Personas LGBTI, que llevó a cabo varias actividades en el 2016, incluyendo un evento sobre las personas LGBT y la trata de personas.

Un considerable número de Estados en el continente americano, así como organizaciones regionales y multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, y el sector privado fueron parte del establecimiento, a nivel global, de la Coalición por la Igualdad de Derechos en materia de derechos humanos de personas LGBTI; la acción de Estados del continente fue también determinante en la creación del mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en el seno de la ONU y su preservación frente a los intentos de debilitamiento atribuibles a otros grupos de Estados. Asimismo, durante el 2016 el Banco Mundial adoptó medidas para avanzar el trabajo en materia de personas LGBTI.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

El 11 de junio de 2016 se firmó un acuerdo de solución amistosa en el caso Peralta Wetzel, mediante el cual Chile reconoció responsabilidad en la denegación de acceso al matrimonio civil a tres parejas del mismo sexo, y al reconocimiento legal de matrimonios contraídos en otros países. En el acuerdo Chile adquirió significativas responsabilidades, entre ellas, impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto de interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva y la revisión de varios artículos del Código Penal.

El 3 de julio de 2016, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Juana Mora Cedeño y Mario José Delgado González, en razón de las denuncias de hostigamiento resultante de sus actividades de defensa de derechos humanos de personas LGBT en Cuba.

En diciembre de 2016, se llevó a cabo ante la CIDH audiencia pública sobre el caso 12.982 (Luis Alberto Rojas Marín contra Perú), relacionado con la presunta violación sexual y tortura de Rojas Marín por su orientación sexual y los cuadros de discriminación e impunidad relacionados. En este caso se discuten las obligaciones estatales en cuanto a la prevención, investigación y reparación de la tortura derivada de percepciones sobre orientación sexual.

A través del trabajo de su Relatoría LGBTI, la CIDH continuó promoviendo el Informe de Violencia contra Personas LGBTI en la región, emitió 23 comunicados de prensa, envío 4 cartas de solicitud de información confidencial a países de la región, celebró 5 audiencias temáticas, realizó entrenamientos sobre el Sistema Interamericano y los estándares de protección relacionados con derechos de personas LGBTI en varios países de la región y dirigidos a distintos actores. Además, incluyó la perspectiva de los derechos humanos de personas LGBT en varios informes temáticos y de país aprobados o publicados en 2016.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE)

En el 2016, la Corte emitió dos sentencias relacionadas con la orientación sexual. En el caso Duque, la Corte declaró responsable a Colombia por la violación al derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación por no haber permitido al señor Duque acceder en condiciones de igualdad a la pensión de sobrevivencia, luego de la muerte de su pareja y en el caso Flor Freire, el primer caso sobre discriminación por orientación sexual percibida, la Corte declaró responsable a Ecuador por la aplicar una sanción administrativa fundamentada en normas disciplinarias militares que sancionaban “actos de homosexualismo” de forma más gravosa que los actos sexuales entre una mujer y un hombre.

Finalmente, Costa Rica solicitó a la Corte la emisión de una opinión consultiva sobre la interpretación de la Convención en relación con derechos de personas LGBT, incluyendo sobre los beneficios patrimoniales de parejas del mismo sexo.

 

AVANCES: NIVEL NACIONAL 

 

FAMILIAS Y RELACIONES INTERPERSONALES

Si bien en el Caribe se continúa enfrentando el reto de la criminalización (véanse las secciones sobre criminalización en las Américas), en agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia de Belice determinó la inconstitucionalidad del artículo 53 del Código Penal de ese país, que tipifica el “acceso carnal contra el orden natural” y lo sancionaba con pena de hasta 10 años de privación de libertad. La Corte Suprema estimó que el artículo citado contravenía los derechos a la dignidad humana, intimidad, la libertad de expresión, no discriminación e igualdad ante la ley, y excluyó de su alcance los actos sexuales consensuales entre personas adultas que tengan lugar en privado. Además, la Corte Suprema afirmó que la definición de “sexo” contemplada en el artículo 16(3) de la Constitución de Belice incluye la “orientación sexual”, en consonancia con las obligaciones internacionales asumidas por el país.

El caso beliceño es un buen ejemplo de cómo la acción jurisdiccional parece catalizar otros procesos de cambio social. En conversación con el autor y la autora, Caleb Orozco, activista tras el caso, anota que las palabras de apoyo a esta decisión por parte de la esposa del Primer Ministro y la Presidencia de la Comisión Nacional sobre SIDA han sido motivo de “cambios oceánicos” en el pensamiento político.

Similares observaciones pueden hacerse en otros países del continente: en Antigua y Barbuda la Ministra de Transformación Social habló a favor de la despenalización de las leyes de sodomía, en Canadá y en los Estados Unidos se adoptaron medidas conmemorativas y de disculpa por violaciones históricas y en México la participación del Presidente en la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia es considerada por algunos sectores de la sociedad civil como un evento histórico. En conversación con el autor y la autora, Josefina Valencia, activista mexicana, indica que, en distintos niveles de la política pública, este evento aceleró y fue detonante del trabajo de las dependencias gubernamentales para garantizar los derechos de las poblaciones LGBTI. 

En todo el continente se registraron avances en materia de reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo: en Aruba, el parlamento aprobó una ley que extendió la unión civil; en Colombia, la Corte Constitucional avaló el matrimonio igualitario y la Registraduría de Bogotá autorizó la inscripción de una menor de edad, hija de una pareja del mismo sexo; en Costa Rica, en junio 2016 la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) acordó otorgar el derecho de pensión por viudez a las parejas del mismo sexo; en Ecuador se elevó a la categoría de estado civil la unión de hecho, y se incluyeron a las parejas del mismo sexo en la Ley Orgánica de Gestiona de la Identidad y Datos Civiles (ver artículo 56, Ley Orgánica de Gestiona de la Identidad y Datos Civiles del Ecuador); en Estados Unidos un juez de Wisconsin reconoció el derecho de dos mujeres lesbianas a ser inscritas como madres en el acta de nacimiento de su hijo y en Arizona se reconoció la presunción de maternidad de ambas madres; en México se aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo en los estados de Michoacán, Campeche y Jalisco; en Perú el 7° Juzgado Constitucional ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) la inscripción del matrimonio de una pareja del mismo sexo, celebrado en el extranjero.

EDUCACIÓN

En Estados Unidos, se aprobó en California el primer marco normativo del país dirigido a escuelas públicas para que incluyan las contribuciones de personas LGBT estadounidenses y personas con discapacidad en las clases de historia y ciencias sociales y en Perú, el Ministerio de Educación adoptó un nuevo currículo nacional de educación básica que busca impulsar la igualdad de género, el respeto a las personas, independientemente de su orientación sexual y/o identidad de género, garantizando los mismos deberes, derechos y oportunidades para todas las personas.

OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA PATOLOGIZACIÓN

En varios Estados del continente se adoptaron medidas significativas a este respecto: en Chile, el Ministerio de Salud se pronunció oficialmente contra las llamadas “terapias de conversión”; en Costa Rica, la circular No. 003-2016 emitida por el Ministerio de Justicia ordenó la modificación de los instrumentos normativos que pudiesen incurrir en discriminación, así como la elaboración de un protocolo de atención a la población sexualmente diversa privada de libertad; en Colombia, el Instituto Nacional Penitenciario adoptó un reglamento pionero en la región por contemplar medidas de protección directas para las personas LGBTI privadas de libertad; en Estados Unidos, en Mississippi un juez federal bloqueó la implementación de una ley que permitiría la discriminación por convicciones religiosas o morales, y en Miami y Seattle se adoptaron medidas contra las llamadas “terapias de conversión”.

 

DESAFÍOS

 

VIOLENCIA

En el 2016 se registraron al menos dos masacres en bares gay: en la ciudad de Orlando en Estados Unidos - 49 personas LGB perdieron la vida y en México cinco personas LGB asesinadas en un bar en la ciudad de Xalapa.

La ausencia de información estadística exhaustiva sobre los índices de violencia que afectaron a las personas LGB en la región continúa siendo uno de los retrasos más significativos. Aún en este contexto de carencia, las cifras que son registradas —particularmente por entidades de la sociedad civil— son motivo de gran alarma. Por ejemplo, en materia de asesinatos se registraron 340 personas asesinadas LGBT en Brasil, 11 de personas LGBT en El Salvador y siete de personas LGBT y defensoras de los derechos humanos en Honduras (véase Comunicados de Prensa de la CIDH 27/16 y 78/16). En otros países se registraron los siguientes asesinatos de personas LGB, a saber: dos víctimas LG en Chile (Informes del MOVILH 1 y 2), tres personas LG –una de ellas defensor de derechos humanos- en Colombia (Informes de Caribe Afirmativo 1 y 2) y dos hombres gay en Jamaica.

Por otra parte, uno de los avances paradigmáticos en materia de violencia sistemática contra las personas LGBT se dio en Colombia con la inclusión de las víctimas LGBT en los Acuerdos de Paz firmados por el Estado con la guerrilla de las FARC–EP. En comunicación con el autor y la autora, Marcela Sánchez, defensora colombiana, expreso:

[p]or primera vez en el mundo unos acuerdos de paz incluyen una perspectiva de género, ponen en el centro del debate a las víctimas y reconocen un enfoque diferencial en su texto. De manera particular, los acuerdos incluyen una cláusula que implica que en ningún desarrollo normativo de los acuerdos de paz podría discriminarse a ninguna persona por su orientación sexual.  

CIERRE DE ESPACIOS Y ATAQUE POR PARTE DE GRUPOS Y PERSONAS EN CONTRA DE DERECHOS DE PERSONAS LGB

Aún en los países que presentan avances importantes se concretaron preocupantes tendencias de retrocesos y/o intentos de bloquear el reconocimiento de los derechos de personas LGBT, en Brasil, Colombia, México, Guatemala, Perú, Belice y Bolivia.

Por ejemplo, en relación con la reunión entre el Presidente de México y activistas LGBT en mayo de 2016, Josefina Valencia indicó al autor y la autora que “grupos conservadores realizaran movilizaciones masivas y un gran desplegado de recursos para frenar los avances en materia de derechos LGBTI y de las mujeres”. También en comunicación con el autor y la autora, Gloria Careaga añadió que “la articulación de las fuerzas conservadoras locales con las redes internacionales ha sido muy fuerte. Grupos empresariales locales también están involucrados y han construido una base fuerte para oponerse a cualquier avance”.

La decisión del Congreso Nacional de no apoyar la iniciativa presidencial para el reconocimiento formal del matrimonio igualitario en todo el país, probablemente también fue resultado, entre otros, de la oposición de los grupos conservadores quienes manifestaron de manera pública y masiva.

Marcela Sánchez agrega que en Colombia el año 2016 “fue contradictorio, pues a pesar de los avances en materia de matrimonio igualitario y la inclusión en los Acuerdos de Paz, este mismo año y quizás debido a los avances que se vienen dando en el país durante la última década, se hizo evidente un movimiento contra-derechos sin precedentes, liderado por grupos evangélicos, que quiere generar retrocesos de tipo educativo, y en relación con los derechos de la niñez y la construcción de la paz en Colombia”.

En Argentina la nueva administración no se opuso abiertamente a los derechos de personas LGBTI pero Marcelo Ferreyra, activista argentino, señaló al autor y a la autora que el gobierno “no está dispuesto a realizar las inversiones necesarias que requieren las políticas públicas” y sí a “tolerar una política opuesta; ha generado un agravamiento de la represión desde la policía, limitaciones en el acceso a la justicia o, judicializaciones discriminatorias”.

En una reflexión sobre la importancia de las coaliciones y la unión de fuerzas, Caleb Orozco de Belice afirma que

mientras que las fuerzas de derecha están en todas partes, está ocurriendo un proceso de transformación social donde las familias no les está dando vergüenza apoyar y amar a los miembros de sus familias… las coaliciones LGBT en los países de la región de América Latina y el Caribe están en todas partes y la plataforma de estos temas ayuda… las movilizaciones se están dando y los ambientes represivos, la violencia y el miedo ya no nos están parando de expresar nuestra voz… ¡Nos podrán matar, pero no parar!

 

CONCLUSIONES

Durante 2016 se avanzó significativamente en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay y bisexuales en América. Sin embargo, la violencia por prejuicio contra las personas con orientaciones sexuales diversas continúa siendo la norma. La atención debe centrarse en el terreno ganado, en la gestión de las importantes tensiones generadas por fuerzas y procesos regresivos, y en la conquista de nuevos avances.

 

Fanny Gómez-Lugo es Directora Senior de Incidencia y Política Internacional, Iniciativas Globales por los Derechos Humanos, Heartland Alliance
y Víctor Madrigal-Borloz es el Secretario General del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura.

La autora y el autor desean dar un especial agradecimiento a Mariel Ortega de los Santos por su determinante contribución en los contenidos incluidos en este artículo y a las y los defensores/as de derechos humanos en la región que contribuyeron a este artículo con sus testimonios.

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