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anonymous contributorEscrito anónimamente. (Español)

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Dos meses de maltratos

in ARGENTINA, 05/11/2009

La acusaron de homicidio, después cambiaron a robo. La detuvieron en pleno invierno. Enferma de tuberculosis, la mantuvieron durante cinco días esposada en un patio porque decían que tenía problemas con los otros detenidos. Al salir libre pasó un mes internada

Por Emilio Ruchansky

La imagen difícilmente se borre de la memoria del abogado Alejandro Bois. Había ido a ver a una travesti detenida en la Brigada de San Justo y la encontró en un patio a la intemperie, sola, durmiendo sobre un colchón viejo, tapada con cartones y esposada. Hacía cinco días que Johana Robledo estaba en ese mismo lugar. “La situación era abusiva, la sacaron de la celda porque decían que tenía problemas de población carcelaria y la dejaron tirada ahí”, recuerda el abogado. Robledo entró engripada, pero su cuadro se agravó en esa semana fría de agosto que pasó detenida y derivó en tuberculosis. Fue este encuentro con su clienta lo que hizo que Bois, además de defenderla, se transformara en testigo de una futura causa en contra del personal de la Brigada. Johana pasó dos meses en distintos lugares de encierro, acusada primero de homicidio y luego de cómplice de un intento de robo, crímenes que asegura no haber cometido. Al salir de la cárcel, debió ser internada en un hospital durante un mes.

“A mí no me dejaban verla y el abogado salió horrorizado de la Brigada”, dice Gladys, la madre de Johana. Ella le llevaba la vianda, pero su hija no podía probarla. “Estaba con cuarenta grados de fiebre, me sentía cansada y encima tenía que tratar de comer con las esposas puestas. No me las sacaban porque decían que me podía escapar”, asegura Johana. A su madre le tomó varios días saber por qué estaba incomunicada. La fiscal Cecilia Cejas, de la UFI 1, la acusaba de “homicidio en ocasión de robo” por un hecho ocurrido tres meses atrás.

Por entonces, Johana Robledo vivía junto a su pareja, Marcos, un joven de 18 al que ella le lleva diez años, en el fondo de la casa de la familia del muchacho, en La Matanza. No tenía buena relación con su suegra, pero los dejaban en paz. Después de todo, Robledo aportaba su parte de dinero a la casa, haciendo limpieza en una casa al principio, vendiendo ropa en la feria de La Salada después. Sin embargo, el 26 de mayo, un asesinato terminó con cierta paz cimentada en el hogar.

Gustavo Cáceres, el hermano de su novio, tenía una moto nueva que desentonaba con el barrio, y un día dos muchachos se aparecieron por la casa e intentaron robársela. El hombre se defendió y recibió un tiro mortal a cambio. Los ladrones no se llevaron la moto. “La única testigo era Johana, porque su novio estaba durmiendo. A uno de los ladrones ella lo conocía de chico, era un pibe del barrio. Cuando vino la policía, ella los llevó hasta el lugar donde vivía y después ayudó a hacer un identikit, pero la policía no los capturó”, cuenta su madre.

Dos meses después, la suegra de Robledo la denunció como supuesta cómplice del robo. La fiscal elevó la apuesta y le imputó el homicidio. “Ese día también le dispararon a ella, pero la familia estaba sorprendida de que no le den. Le pareció sospechoso”, dice su abogado. La hipótesis judicial es que Robledo había pasado el dato a los dos ladrones y les facilitó la entrada. “Los ladrones no necesitaban que les faciliten las cosas, la moto era nueva y en el barrio se notaba”, comenta Bois. El juez de Garantías, Raúl Ricardo Alí, en principio aceptó la acusación y dictó la prisión preventiva.

La policía la fue a buscar el 7 de agosto. La madre de Robledo cuenta que su hija estaba enferma, tenía mucha fiebre y estaba tomando Tamiflu, porque sospechaba que se había contagiado de gripe A. Cuando llegó a la Brigada de San Justo, la pusieron con los presos comunes. “Me tiraban agua, me bardeaban todo el tiempo, la verdad es que la situación era peligrosa. Yo les pedí que me sacaran, tenía miedo de que me mataran. Entonces me pusieron en el patio. Al principio sólo me daban agua, nunca me dieron algo caliente, ni un té”, recuerda Robledo. Su estado de salud empeoró. “Se pescó una tuberculosis”, agrega la madre.

La siguiente parada fue la comisaría de Don Bosco, donde consiguió una celda aparte junto a otra travesti. Ese lugar está pensado para personas que cometieron delitos sexuales y no pueden estar con presos comunes, y también para personas como Johana que, por distintos motivos, arriesgan su integridad física al estar en una celda común. Allí pasó un mes más, enferma, mientras el juez resolvía bajar la calificación de “homicidio en ocasión de robo” a “robo agravado por uso de arma” (en calidad de partícipe), sin sacarle la prisión preventiva.

Luego la pasaron a la Unidad 24 de Florencio Varela, donde estuvo otro mes entero. “Se la veía mal, se moría, no tenía fuerzas”, relata la madre. Y no exagera. El propio juez de Garantías dictó una resolución el 30 de septiembre en la que ordenó la excarcelación extraordinaria. “La situación de salud del encausado Robledo resulta ser muy grave y, aun más, ha empeorado”, dice el texto de Ricardo Alí, quien consideró que debía primar “el resguardo de la integridad física a fin de evitar un mal mayor”.

Johana pasó de la cárcel al Hospital del Pueblo, sin escalas. Allí supo que era portadora de HIV y que sus defensas, por decirlo en criollo, estaban por el piso. Pasó un mes internada hasta que pudo continuar el tratamiento en la casa de su madre (su novio no apareció nunca más). Diana Sacayán, que la conoce hace diez años, cuenta que su amiga perdió 10 kilos en la cárcel. “Nadie en el servicio penitenciario fue capaz de asistirla. La abandonaron de tal forma que esa inacción resultó ser una tortura”, dice.

Sacayán milita en el Movimiento de Antidiscriminación y Liberación (MAL), donde Robledo suele participar en varias de las actividades pensadas para que las travestis ganen espacios que históricamente les son negados: educación, salud, vivienda digna y trabajo. “Cuando supimos lo que estaba pasando, presentamos una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, en La Plata, en la parte de Igualdad de Oportunidades en la que está Diego Cao.”

Ahora, Alejandro Bois, su abogado, planea iniciar una causa contra el personal de la Brigada de San Justo, causa que lo tendrá como testigo. “Ni la fiscal ni el juez sabían dónde estaba detenida ni la situación en la que estaba Johana. El personal de la Brigada debió derivarla en un primer momento a Don Bosco. Había cupo, no les costaba nada. Es más: cuando fui, les pregunté por qué no la trasladaban y me dijeron que ‘estaban en eso’. Media hora después lo hicieron”, cuenta Bois. Las pruebas de cómo se deterioró el estado de salud de Johana están en el mismo juzgado que decidió liberarla.

 

Fuente: Página12

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